•  |
  •  |
  • END

En 2008, Nicaragua incrementó su deuda externa en 233 millones 809 mil, 815 dólares, producto de los 15 préstamos y convenios de créditos ratificados por la Asamblea Nacional. Unos seis contratos más quedaron pendientes al cerrar la XXIV legislatura, mismos que juntos suman un poco más de 108 millones de dólares.

Y es precisamente esa situación la que tiene al gobierno al borde del colapso económico, pues sin la ratificación de esos préstamos se corre el riesgo de incumplir los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, FMI. Eso sumado a que la Ley de Presupuesto General de la República para el año 2009 tampoco se aprobó y aunque no es una condición “sine qua non” para cumplir con el FMI, es un requisito para los desembolsos que algunos países europeos entregan a Nicaragua a través del llamado Grupo de Apoyo Presupuestario.

La falta de ratificación legislativa de tres miembros del Consejo Directivo del Banco Central de Nicaragua, BCN, también pone en peligro el acuerdo con el FMI y los desembolsos pendientes de la cooperación internacional.

Por otro lado, más de mil millones de córdobas de diferentes carteras gubernamentales quedaron en espera de la conformación del Banco de Fomento a la Producción, Produzcamos, pues tampoco se logró nombrar a los miembros del Consejo Directivo de esta instancia tan necesaria para el desarrollo agropecuario y para el impulso financiero de la pequeña y mediana empresa del país. A última hora, el Presidente legisló y aplicó reformas al Presupuesto General de la República de 2008.

Un cuento llamado Banco de la Producción
El banco Produzcamos se creó mediante ley al cerrar 2007, sin embargo, hasta después de un año el Presidente de la República, Daniel Ortega, envió al Parlamento las ternas para integrar el Consejo Directivo. Alegando falta de cualidades de los propuestos, los diputados liberales se negaron a ratificar los nombramientos, por lo que en 2009 tampoco habrá créditos accesibles para productores y micro, pequeños y medianos empresarios.

Siempre en el ámbito financiero, el presupuesto 2008 se reformó en dos ocasiones, ambas de manera urgente. La última modificación que se intentó hacer, fracasó. Los liberales impidieron así que el gobierno incluyera 190 millones de córdobas extra al presupuesto 2008, de los cuales 140 millones serían destinados a rehabilitar una ínfima parte de los más de tres mil kilómetros de carreteras y caminos destruidos durante los 52 días de lluvia con que cerró la época, pero Ortega, en complicidad con su ministro de Hacienda, al final hizo la distribución.

Dos reformas constitucionales
De las 31 leyes aprobadas en 2008, dos corresponden a reformas de rango constitucional. Una a la Ley Electoral y otra a la Ley de Amparo. La primera se realizó en junio y fue para extender la vigencia de las cédulas de identidad, por lo que se modificó el artículo 33.

La segunda fue para cambiar el artículo 51 de la Ley de Amparo con el fin de evitar los recursos contra la formación de la ley, es decir, impedir que cualquier personal obstaculizara la formación de una ley recurriendo contra ella ante la Corte Suprema de Justicia, CSJ.

En el ámbito laboral, el Parlamento reformó en dos ocasiones el Código del Trabajo y aprobó la Ley General de Inspección del Trabajo. En el aspecto energético, se reformó en tres ocasiones la Ley de Estabilidad Energética al igual que la Ley de Explotación de Recursos Geotérmicos.

El pacto en lo fino
En junio se destacó la elección de ocho magistrados de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, cuatro por el Frente Sandinista, FSLN, y cuatro por el Partido Liberal Constitucionalista, PLC. Los candidatos de la Bancada Democrática Nicaragüense, BDN, no fueron tomados en cuenta, lo que provocó el retiro de sus miembros, así como de los diputados del Movimiento Renovador Sandinista, MRS.

Tratados internacionales
El Parlamento aprobó 17 tratados internacionales de distinta índole, sobresaliendo el Protocolo de Reformas al Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano, Parlacén.

Además, se autorizó el ingreso a territorio nacional de tropas, barcos y fragatas de fuerzas armadas extranjeras, entre ellas Francia y Estados Unidos. De igual manera, se autorizó la salida de tropas del Ejército de Nicaragua a otros países.

Leyes económicas
Otras leyes de importancia en el aspecto económico son la Ley de Fomento a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, Mypimes; y la Ley de Sociedades de Garantías Recíprocas, complementaria a la primera, porque permitirá a las Mypimes un mejor y mayor acceso al crédito bancario.

Según el informe final de Hagamos Democracia, -organismo que monitorea el trabajo legislativo-, entre los meses de agosto, septiembre y octubre, los diputados dejaron sin dictaminar 27 iniciativas, 12 de leyes y 15 de decretos. De estas iniciativas, el 55 por ciento fue presentado por los diputados, y el 45 por ciento por el Poder Ejecutivo.

Sin embargo, de las 27 iniciativas, sólo 20 corresponden a 2008, pues una fue presentada en 2005; tres en 2006 y tres más en 2007.

Conforme con el documento de Hagamos Democracia, la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto continúa recibiendo la mayoría de iniciativas con un total de nueve en el segundo semestre de 2008; seguida de la Comisión de Justicia, con cinco iniciativas en el mismo período.

Un aspecto a destacar es que la Ley de Presupuesto de 2008, pese a haberse presentado en octubre de 2007, se aprobó hasta este año, producto de que el año pasado –al igual que este-, el Poder Legislativo cerró en medio de una parálisis política.

Algunas iniciativas tuvieron tintes políticos y empresariales, entre ellas, la aprobada Ley de Prórroga a las Licencias de las Empresas, Personas Naturales o Jurídicas que operan Radio, Televisión y Televisión por Cable. Esta ley fue aprobada para evitar que el Instituto de Telecomunicaciones y Correos, Telcor, -ente regulador-, no renovara las licencias de aquellos medios de comunicación que no fueran afines al gobierno y cuyos permisos estaban próximos a caducar.

La salida de Alemán
En 2008 fracasó un intento de los diputados del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, por “liberar” a Arnoldo Alemán Lacayo. El diputado liberal y presidente de la Comisión de Justicia, José Bernard Pallais Arana, -apoyado por sus colegas-, presentó una iniciativa denominada Ley de Fijación de Plazos Razonables para los Juicios que se tramitan con el antiguo Código de Instrucción Criminal.

Con la iniciativa, los legisladores pretendían –y aún pretenden-, obligar a las instancias judiciales a fallar todos aquellos casos que aún están pendientes y que se tramitan con ese antiguo código. Con ello, el reo Arnoldo Alemán saldría en libertad lo antes posible.

Ministros “visitaron” el Parlamento
Entre otros puntos de relevancia, el 18 de septiembre el ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Guevara, compareció ante el plenario para explicar sus declaraciones en un acto público con miembros de los Consejos del Poder Ciudadano, CPC, de la ciudad de Ocotal.

Según las declaraciones de Guevara, reproducidas por EL NUEVO DIARIO, el gobierno financió parte de la campaña electoral de sus candidatos a alcaldes con dinero proveniente de la cooperación petrolera venezolana a través de Alba-Caruna, algo que es un delito conforme con la Ley Electoral vigente. Al respecto, la Asamblea Nacional nunca abrió una investigación.

También en septiembre compareció ante la Asamblea Nacional en dos ocasiones el Presidente del Consejo Directivo del Instituto Nicaragüense de Energía, INE, David Castillo. La primera vez, Castillo debía explicar a los legisladores por qué los precios de los combustibles no disminuían en concordancia con la baja en el precio internacional del petróleo, aunque ocurría lo contrario cuando el precio del crudo subía.

Pendientes
El Poder Legislativo quedó en deuda. La Ley de Costas, la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y la Ley de Vivienda Digna son sólo algunas de las iniciativas que quedaron sin aprobar.

La Ley de Costas pasó todo el año en consultas, pues los empresarios y los diputados de la Bancada Democrática Nicaragüense –afines a los intereses empresariales-, impidieron su aprobación, pese a que ya había un dictamen de la Comisión de Asuntos Municipales.

Hasta el cierre del año, los miembros de la comisión lograron un consenso en el punto de mayor controversia y es el referido a las zonas costeras que se considerarán de dominio público. Los legisladores lograron establecer que solo se considerarán públicas las costas marítimas y se excluyen de la medida los lagos, lagunas y ríos que se encuentren en propiedades privadas.

Para el caso de las costas marítimas, se estableció de dominio público 250 metros de pleamar (límite de la marea más alta) hacia tierra firme.

Por otra parte, el Parlamento tampoco nombró a los miembros de la Autoridad Nacional del Agua, ANA, instancia que, conforme con la Ley General de Aguas aprobada el año pasado, será la encargada de velar por el buen uso del vital líquido y, entre otras cosas, aprobar y aplicar los aranceles a cobrar a todas aquellas industrias que utilizan el agua como principal materia prima para la elaboración de sus productos.

Los miembros del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Promoción de la Competencia, Procompetencia, tampoco fueron ratificados, pese a que el Ejecutivo mandó las ternas para ello.