Jorge Eduardo Arellano
  •  |
  •  |
  • END

El país más pobre de América Central, Nicaragua, después de casi 20 años de gobernación democrática, está retrocediendo hacia los modos autoritarios propios de la antigua dictadura somocista.

En 1979 un movimiento de izquierda aparentemente no dogmática derrocaba a Anastasio Somoza, tras un valeroso combate de varios años. El sandinismo, bajo la presidencia de Daniel Ortega, manejó Nicaragua en años difíciles con un autoritarismo relativamente templado que muchos le perdonaban por lo gravísimo de la situación económica y la oposición de Estados Unidos bajo el presidente Reagan, que financiaba una contra-guerrilla para desestabilizar Managua.

El régimen convocó unas elecciones en 1990 que fueron impecablemente democráticas, en las que ganó una coalición de partidos, básicamente liberales, con doña Violeta Chamorro, viuda de Pedro Joaquín, prócer asesinado por los esbirros de Somoza, como presidenta.

Pero la derecha, sin suficiente ayuda de Washington, que reprochaba a la presidenta un pacto con el sandinismo que le reconocía el control del Ejército, fue incapaz de sacar al país de su atraso, en medio de un clima de escándalos económicos. Así, un sandinismo que no había aprendido nada en la oposición, siempre dirigido por Ortega, recuperaba el poder en las elecciones de 2006, aunque sin mayoría suficiente en la asamblea.

Ortega y la Iglesia
En una muestra de contorsionismo político, Ortega hizo las paces con la Iglesia, por la que nunca había mostrado afecto especial, al precio de prohibir el aborto, y no es exagerado decir que para mantenerse en el poder podía haber pactado con el lucero del alba. Pero la aparición del dadivoso presidente venezolano, Hugo Chávez, con su proyecto de socialismo bolivariano, cualquiera que sea lo que eso quiera decir, le ha permitido a Ortega bruñir sus antiguos ideales sandinistas. Y eso ha significado la progresiva miniaturización de la democracia en Nicaragua.

Las elecciones municipales de noviembre fueron, al decir de todas las fuentes internacionales, un mega-fraude en Managua, pero Ortega, no contento con atribuirse 105 de 146 ayuntamientos -aunque eso no quita que probablemente ganara en voto popular- ordenó por decreto que el Consejo Supremo Electoral diera por buenos los resultados, sin recuento, luz, ni taquígrafos, como exigía la oposición; y en diciembre, otro decretazo obligaba a incorporar al presupuesto las enmiendas dictadas por el presidente, paralizadas en la Asamblea por la oposición, que así trataba de forzar al aprendiz de tirano a declarar nulas las municipales.

Nicaragua no es una dictadura, pero las crecientes libertades que el orteguismo se está tomando con la Constitución, presagian el peor de los futuros, en un rumbo que parece casi mimético al de la propia Venezuela. Aquel sandinismo de juventud cometió graves errores, pero no impidió el restablecimiento de la democracia. El actual sólo es un engaño.