Jorge Eduardo Arellano
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Organizaciones civiles nicaragüenses integradas en el Grupo de Reflexión, enviaron una carta a los presidentes de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá y República Dominicana, todos países miembros del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, expresando que el hecho de que el presidente Daniel Ortega asuma hoy la presidencia pro témpore del SICA es “una grave amenaza para la región en su conjunto”.

El movimiento juvenil Puente, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, el Movimiento No, Hagamos Democracia, el Movimiento Autónomo de Mujeres de Nicaragua, entre otros, son los firmantes de la carta y en ella hacen un recuento de las razones por las que no entienden “cómo un presidente de clara vocación autocrática como Daniel Ortega Saavedra, podrá conducir los esfuerzos de los países centroamericanos en el fortalecimiento de la paz, la democracia, el desarrollo y la libertad”.

Las razones
La primera razón a la que se refieren es al rechazo de Ortega a los principios democráticos que ha adquirido en el Protocolo de Tegucigalpa, el cual en su artículo cuatro establece que la paz, la democracia, el desarrollo y la libertad deben orientar las actuaciones de los países miembros, o como miembro de la Organización de Estados Americanos, OEA, lo cual lo obliga al cumplimiento con la democracia representativa, reafirmado en la Carta Democrática Interamericana.

Asimismo, se destacan “el amplio repertorio de insultos que el presidente Ortega ha usado para dirigirse a los países europeos”, lo cual, dicen, va en detrimento del logro de un Acuerdo de Asociación con la Unión Europea. “Con estos graves antecedentes, la Presidencia Pro Témpore de Nicaragua representa un serio peligro para el avance de las negociaciones comerciales, ligadas al diálogo político en cuyo marco es fundamental el respeto a la institucionalidad democrática”, aseguran.

Solicitan comisión
Los organismos solicitan a los presidentes que se integre una comisión centroamericana del más alto nivel para que visite Nicaragua y participe, junto a observadores internacionales y nacionales, en el recuento de actas de votación que ha solicitado el principal partido político de oposición, la Iglesia Católica y numerosas organizaciones de la sociedad civil, coadyuvando de esta manera a garantizar que el Consejo Supremo Electoral responda en el marco de la ley a las violaciones masivas de la Ley Electoral llevadas a cabo durante la realización de estos comicios.