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Las marchas aplastadas días después de las cuestionadas elecciones municipales del nueve de noviembre pasado forman parte de los primeros detalles del informe que el Movimiento “Vamos con Eduardo”, VCE, presentó ante delegados de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, que examina la situación de la libertad de expresión en Nicaragua.


Adicionalmente señaló las investigaciones judiciales contra periodistas, así como las agresiones sufridas por el gremio en el contexto electoral. Pero también señala la liberación del asesino del periodista Carlos Guadamuz y la posibilidad que liberen al asesino de la periodista María José Bravo.


Por otro lado, resaltó las presiones fiscales en contra de los medios de comunicación y el premio o castigo con el dinero de la publicidad estatal. “El gobierno de Ortega no realiza licitaciones de su inmenso pastel publicitario, utilizando empresas y agencias donde claramente hay intereses, contraviniendo la Ley de Contrataciones del estado”, señala el informe.


También denunciaron la interferencia de radioemisoras. Ahí estuvo presente el director de radio 15 de Septiembre, Fernando Avellán, y minutos más tarde llegaron periodistas de Radio Corporación, ambas emisoras son de línea opositora al gobierno y han sufrido sabotaje en sus transmisores en Amplitud Modulada, AM.

Cabezas descalifica a la SIP

Horas antes, el procurador de Derechos Humanos, Omar Cabezas, descalificó a los miembros de la SIP y celebró la negativa de funcionarios del gobierno de reunirse con la delegación.


“No puedo ser hipócrita, no tengo respeto ético, moral ni político por la SIP, porque representa los intereses de los dueños de los grandes medios de comunicación. Yo no les guardo respeto y me habría sorprendido que el mandatario se reuniera con ellos”, dijo despectivamente Cabezas.

El menos adecuado para hablar de ética

Mientras tanto, Bayardo Izabá, Director del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, quien ayer se reunió con representantes de la SIP, indicó que si bien es cierto que está integrada por los directores de medios, eso no le quita valor a su influencia internacional en su lucha por el respeto a la libertad de prensa y de expresión.


Más bien señaló que el procurador Cabezas es el que menos puede hablar de respeto ético y moral, pues no ha respetado la imparcialidad de su cargo, además, es investigado por la Contraloría General de la República por mala utilización de fondos públicos.


Mientras, Montealegre recordó que los miembros de la SIP pretenden reunirse con todos los sectores, no sólo con los de derecha, pero que a ellos, como fuerza política, les interesaba denunciar, según él, la situación que viven los nicaragüenses.