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La participación de los Consejos del Poder Ciudadano en las estructuras gubernamentales tiene enfrentados al Poder Legislativo y al Ejecutivo en una crisis que tensará aún más esta semana, cuando la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se reúna para finalmente decidir la legalidad de los CPC.

A pesar de que la madre de todos los CPC, el Consejo de Comunicación y Ciudadanía, nació a inicios del año por una reforma a la Ley 290, de Organización, Procedimientos y Competencias del Poder Ejecutivo, que fue apoyada por los diputados de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), del Partido Liberal Constitucionalista (CPC) y del oficialista Frente Sandinista, la crisis se fundamenta precisamente en las inconformidades de los dos primeros partidos, quienes se han unido en contra de los CPC.

Los CPC se formaron el 19 de julio de este año, en un acto cargado de emotividad, donde su coordinadora nacional, Rosario Murillo, exaltó la figura y función de éstos. Según ella y el presidente Daniel Ortega, la principal función de los CPC es implementar un nuevo modelo de participación ciudadana, democracia directa le han llamado.

Imposición

Luego de que los diputados opositores en la Asamblea Nacional se unieran para hacerle una nueva reforma a la Ley 290, en la que le quitaban al Presidente de la República la facultad de crear consejos mediante decretos, el presidente Daniel Ortega arreció los ataques contra sus opositores y ubicó a los CPC en un lugar privilegiado dentro de las estructuras gubernamentales.

La siguiente medida de Ortega fue vetar la ley aprobada por la mayoría de diputados ante el Parlamento. Pero la oposición siguió unida: rechazó el veto. Y ahí empezó la crisis que posiblemente sea superada o aumentada esta semana. En menos de 24 horas, el Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) aceptó el recurso de amparo presentado por representantes de los CPC, y mandó a suspender la publicación del rechazo al veto.

La Sala Constitucional de la CSJ se manifestó a favor de los amparados y, mientras los diputados opositores concluyeron la legislatura sin aprobar leyes de trascendental importancia como el Presupuesto General de la República, Arnoldo Alemán incumplía el acuerdo que tiene con el Frente Sandinista, y los CPC vendían frijoles distribuidos por Enabás.

Según fuentes ligadas al PLC, los diputados de este partido se le rebelaron a Alemán y violaron el pacto entre el presidente Ortega y éste, por eso el TAM resolvió confirmar la sentencia de 20 años de prisión al ex mandatario acusado de defraudar al Estado.

Para el jurista Alejandro Serrano Caldera, las actuaciones de la CSJ provocan gran inestabilidad e incertidumbre. Casualidad o no, los CPC han sido el hilo con el que se ha hilvanado la crisis que ha desacreditado más a la CSJ y ha estancado al Legislativo. Mientras tanto, el presidente Ortega sigue creando más consejos: el CPC de las Tortilleras, de las Pulperías, de los Ganaderos, etc. Todos, “el pueblo presidente”, asegura el mandatario.