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El Poder Legislativo nicaragüense tuvo uno de los años más agitados de los últimos tiempos políticamente hablando. La mayor parte de su tiempo, la oposición lo dedicó a criticar los desaciertos del Poder Ejecutivo; también los discursos presidenciales en foros internacionales que, incluso, merecieron la aprobación de una declaración legislativa de condena en contra del presidente de la República, Daniel Ortega, por los términos en que se dirigió a los mandatarios del mundo en la sede de la Organización de Naciones Unidas, ONU.

Esta situación llevó a los diputados a aprobar únicamente 33 leyes en 64 días de sesiones ordinarias. Este año la Asamblea Nacional abonó menos leyes, en comparación con los años 2005 y 2006, cuando la producción anduvo por 56 y 47 leyes, respectivamente.

Sin embargo, el primer secretario del Parlamento, Wilfredo Navarro Moreira, justificó la disminuida producción legislativa a que las leyes aprobadas este año han tenido un mayor impacto e incidencia en la vida del país, particularmente en el fortalecimiento del cuerpo legislativo de la nación.

Pocas pero importantes

Navarro citó como ejemplos la aprobación del Código Penal, el Código de Procedimiento Penal Militar, la Ley de Contrataciones Municipales, la Ley de Higiene y Seguridad Laboral, y las controversiales Ley General de Aguas, que regula el uso y manejo de este recurso; así como la Ley de Acceso a la Información Pública, cuyo reglamento aún está pendiente de aprobación por parte del Poder Ejecutivo.

De las 33 leyes aprobadas, seis requirieron el trámite de urgencia; entre ellas, la reformar a la Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo (Ley 290), enviada a la Asamblea Nacional en enero de este año por el presidente Ortega sólo días después de haber tomado posesión.

Ley Marco hasta el 20 de enero

La reforma, respaldada unánimemente por las bancadas de oposición, facultó al mandatario nicaragüense a crear los Consejos del Poder Ciudadano, CPC, que con el tiempo se convirtieron en “indeseables”. Ello motivó una nueva reforma por parte de la oposición, para anular del artículo 11 de la Ley 290 y revertir la legalidad de los CPC.

Otra disposición apoyada por los diputados de la Alianza Liberal Nicaragüense-Partido Conservador, ALN-PC, fue la renovación por un año más de la Ley Marco, que mantiene suspensas las reformas constitucionales de 2005 a través de la cual le restan poderes al presidente de la República. La extensión del período concluye el 20 de enero próximo.

También menos decretos

Pero también los diputados aprobaron menos decretos. En 2007, el Parlamento ratificó 40 decretos, nueve de los cuales fueron con trámite de urgencia. En los años 2005 y 2006, aprobaron 50 y 59 decretos, respectivamente.

Uno de los decretos aprobados fue con el objetivo de obligar al presidente Daniel Ortega y a sus ministros, a respetar los símbolos patrios, luego que asumió un escudo multicolor como emblema oficial de las entidades estatales.

Aunque el emblema “sicodélico”, bautizado así por EL NUEVO DIARIO, es aún utilizado por algunas entidades, ha desaparecido de los documentos oficiales por disposición del Parlamento.

Otro de los decretos consiste en la adhesión de Nicaragua a la iniciativa conocida como Alternativa Bolivariana de las Américas, ALBA, en la que se incluye la suscripción de convenios en materia económica. De momento, esta iniciativa la integran Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Interpelación y recomendación de destitución

Por otra parte, la Asamblea Nacional respaldó una interpelación y recomendación de destitución de la presidenta ejecutiva de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados, Enacal, Ruth Selma Herrera quien, sin embargo, fue mantenida en el cargo.

El motivo de la interpelación de Herrera fue su negativa a acatar una resolución del Ministerio del Trabajo, para reintegrar en sus cargos a más de 130 trabajadores que despidió en sólo los dos primeros meses de su gestión. Al momento de la interpelación, Herrera ya sumaban más de 300 empleados cesanteados en todo el país.

En este caso, quedó pendiente en la Primera Secretaría una resolución legislativa, a fin de obligar al mandatario nicaragüense a hacer efectiva la recomendación para destituir de su cargo a Herrera. Algunos diputados, al cierre de 2007, amenazaron con no aprobar ningún préstamo o recursos financieros del presupuesto para Enacal en tanto no se cumpla con la recomendación legislativa.

Más de 100 millones de dólares en préstamos

Más de 100 millones de dólares en préstamos fueron ratificados por el Parlamento. Los nueve decretos en materia financiera incluyen dos de gran envergadura, la rehabilitación de la red vial en el marco del cumplimiento del Plan Puebla-Panamá, por 49.5 millones de dólares, y uno más por 30 millones de dólares para un programa de inversión en agua potable y saneamiento, ambos firmados con el Banco Interamericano de Desarrollo, BID.

Un tercer préstamo es por 10 millones de dólares, dirigido a la Iniciativa Reforzada de la Iniciativa de Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC, por sus siglas en inglés) y firmado por el gobierno de Nicaragua con el Fondo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, para el Desarrollo Internacional.

Año de desafueros y amenazas

En el plano político, el Parlamento cerró el 2007 con la desaforación de uno de sus diputados, el conservador Alejandro Bolaños Davis, quien perdió su condición de legislador al comprobarse que “mintió” al Consejo Supremo Electoral, CSE, en torno a su doble nacionalidad, lo que le inhibía de postular su candidatura al cargo de elección popular en los comicios generales de enero de 2006.

Las críticas no se hicieron esperar y, pese a los recursos legales de los que hizo uso, Bolaños Davis terminó perdiendo su escaño en el Parlamento.

Su tío, el ex presidente Enrique Bolaños Geyer, también enfrenta una amenaza de desafuero al tener pendientes dos procesos judiciales en su contra por presuntos actos de corrupción, uno de los cuales se refiere al tráfico ilegal de migrantes chinos.

La comisión especial de desafuero, presidida por el diputado del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, y primer secretario del Parlamento, Wilfredo Navarro, dejó pendiente el dictamen para levantar la inmunidad a Bolaños Geyer. Hasta el cierre de año, Navarro ni siquiera había redactado la propuesta de dictamen, según señaló la diputada del FSLN Martha Marina González, miembro de la comisión especial.

Crisis opacó trabajo legislativo

El trabajo del Legislativo se vio opacado por la crisis institucional de los últimos meses, provocada por la resistencia del presidente Daniel Ortega a acatar la Ley 630, mediante la cual 52 diputados de la oposición dejaron sin efecto los CPC.

El conflicto terminó incluyendo al Poder Judicial, ante el cual recurrieron sectores afines al gobierno para impedir la vigencia de la Ley 630.

El resultado fue la paralización del Poder Legislativo, lo que se tradujo en la no aprobación del proyecto de Presupuesto General de la República para el año próximo, que asciende a más de 32 mil millones de córdobas.

Pese a la situación, el presidente y vicepresidente de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, Francisco Aguirre y Wálmaro Gutiérrez, respectivamente, en un “pacto de caballeros” acordaron continuar con las consultas.

El presupuesto quedó pendiente de aprobación para el próximo año si es que se supera la crisis entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo.

Cuadros Comparativos

Iniciativas presentadas 2005 2006 2007
Leyes 126 110 102
Decretos 53 57 62
Personalidades Jurídicas - - 386
Solicitud de Interpelaciones - - 1
Solicitud de Resoluciones - - 5
Solicitud de Declaraciones - - 6
Solicitud de Informes - - 1
Solicitud de Desaforación - - 1

Aprobaciones 2005 2006 2007
Leyes 56 47 33
Decretos 50 59 40
Personalidades Jurídicas 255 470 287
Solicitud de Interpelaciones - - 1
Resoluciones Legislativas 21 9 12
Declaraciones Legislativas - - 4
Resoluciones Junta Directiva 3 8 17

Trabajo de Comisiones
Iniciativas Enviadasa Comisiones 2005 2006 2007
Leyes 104 50 88
Decretos 37 42 45
Personalidades Jurídicas - 427 325
Dictámenes Recibidos
de Comisiones 2005 2006 2007
Leyes 69 55 32
Decretos 39 39 45
Personalidades Jurídicas - 470 287
Informes - 2 2

Leyes controversiales para 2008
Las leyes de Zona Costera, de Ordenamiento Territorial y el Código Tributario Municipal podrían convertirse en motivo de tensiones en el Poder Legislativo para el próximo año, y desde ya los miembros de la Comisión de Población, Desarrollo y Municipios del Parlamento se preparan para enfrentar los posibles conflictos.

Al cierre de 2007, los miembros de la comisión legislativa se reunieron con los representantes de la Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Municipal, Red Local, para conocer y discutir la agenda legislativa municipal 2008.

La Ley de Zonas Costeras se aprobó en lo general en el año que termina, pero su discusión en lo particular creó una seria controversia, principalmente porque los empresarios privados se oponen a una ley que consideran confiscatoria.

En el plano de la Ley de Ordenamiento Territorial, la Red Local se convirtió en uno de los principales aliados de la Comisión Municipal de la Asamblea Nacional en el proceso de consultas. Éste es otro proyecto de ley que podría desatar serias discrepancias.

Entre las principales preocupaciones de la representante de la Red Local, Rosario Cuadra, destacan el impasse a nivel nacional en ciertas actividades previstas para continuar el proceso de descentralización del Estado, la paralización de algunas instancias de concertación con la sociedad civil, y la apertura en las relaciones con la misma comisión legislativa.

Sin embargo, señaló como un aspecto positivo la apertura y el desempeño de la Comisión de Población, Desarrollo y Municipios del Parlamento.

“Es necesario acelerar la construcción de una propuesta de Sistema de Planificación Nacional que incluya el Sistema de Planificación Municipal y que sea respaldado jurídicamente, así como la discusión y aprobación de una ley de descentralización del Estado, ampliar el debate sobre las mancomunidades municipales y garantizar el marco jurídico para tal fin, y la aprobación de la Ley de Pueblos Indígenas”, explicó Cuadra.

Por su parte, el presidente de la Comisión Municipal, Francisco Valenzuela, calificó de positiva la relación con la Red Local como un “aliado estratégico” en las consultas de las distintas iniciativas de ley.