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El doctor José Pallais, Presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, urgió la aprobación del anteproyecto de ley destinado a regular la distribución de los bienes incautados por las autoridades al crimen organizado.

El parlamentario dijo que el anteproyecto tiene más de ocho años desde que inició su discusión, y se ha mantenido a la espera de ser aprobado por los diputados de la Asamblea Nacional.

El anteproyecto establece los mecanismos específicos para que las instituciones que participan en la lucha contra las drogas reciban con transparencia y control el 20 por ciento del valor de los bienes incautados que le corresponde.

“La ley permitirá al Estado nicaragüense dotarse de herramientas para enfrentar al crimen organizado, estamos dotando a la Policía y al Ministerio Público de técnicas que no se han usado en el pasado para hacerle frente al crimen organizado”, expresó el diputado.

Una unidad administradora

Pallais participó ayer en un conversatorio organizado por la Fundación Konrad Adenauer acerca de la Legislación Nacional y el Crimen Organizado.

Con la Ley Contra la Narcoactividad, Lavado de Dinero, Bienes o Activos, el Crimen o la Delincuencia Organizada, la administración de los bienes, objetos, productos, equipos u otros instrumentos incautados o decomisados, quedaría establecida una unidad administradora que será la encargada de administrar las drogas y equipos incautados a las bandas del crimen organizado.

Para Pallais la inequidad social es el “caldo de cultivo” para el fortalecimiento del crimen organizado. “Se requiere mucho trabajo y otras leyes para atacar el problema del crimen organizado, hay una relación directa entre el crecimiento de la pobreza y el crecimiento del crimen organizado”.

Caso de los 600 mil dólares

“Si existiera esa ley, el caso de los 600 mil dólares no se hubiese dado, porque ese dinero no estaría en la Corte ni en las cuentas de los magistrados, debería estar en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público”, dijo el diputado.

Pallais se mostró de acuerdo en que deben ser cambiados los funcionarios, magistrados y jueces que se han visto vinculados en casos de corrupción y de liberación de narcotraficantes ligados al crimen organizado.

“Ese es un problema fundamental... y habría que cambiar a las personas, pero de aquí a que se haga, no podemos quedarnos de brazos cruzados, hay que actuar”, indicó.