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El subterfugio jurídico con que el Partido Liberal Constitucionalista, PLC, pretende propiciar las reformas constitucionales, no pudo ser mejor: “Desaparecer al Consejo Supremo Electoral y todas sus estructuras”, reformando la ley que lo rige, que, además, es de rango constitucional.

La propuesta del PLC de establecer un Instituto o Tribunal Electoral “que garantice la transparencia de los próximos comicios nacionales de 2011”, no tendría nada de malo si no fuera porque conlleva obligatoriamente a una reforma parcial a la Constitución Política de Nicaragua, pues el capítulo VI del Título VIII de la Carta Magna --artículos del 168 al 174--, contempla todo lo referido a la estructura y naturaleza del “Poder Electoral”.

El jurista Manuel Aráuz Ulloa, Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Centroamericana, UCA, explica que no basta con modificar la Ley Electoral (Ley 331) para reducir el Poder Electoral a un simple “Instituto o Tribunal”, tal como lo pretende el PLC.

De hecho, según Aráuz, la reforma constitucional para modificar el carácter de “Consejo”, como la principal estructura del Poder Electoral, debe incluir el artículo 129 de la Constitución, en el cual se establece la organización del Estado, en “cuatro poderes independientes entre sí, y que se coordinen armónicamente, subordinados sólo a los intereses supremos de la nación y a lo establecido en la Constitución”.

“La Ley Electoral lo único que hace es regular los procedimientos concernientes a la existencia de los órganos electorales; las competencias y facultades del Consejo Supremo Electoral; así como las competencias y facultades de los consejos electorales municipales, departamentales y regionales; además de las Juntas Receptoras de Votos”, expresó Aráuz.

Para el jurista, la esencia y existencia del CSE obedece a una disposición constitucional que, al convertirlo en un “instituto o tribunal”, debe “desaparecer” jurídicamente de la Carta Magna a través de una reforma.

“Si se impulsa una reforma del sistema electoral, entiéndase regulación de partidos políticos, celebración de elecciones e integración de los órganos electorales distintos al Consejo Supremo Electoral, bastaría con modificar la Ley Electoral”, señaló Aráuz.

“Pero si lo que se quiere es crear, limitar o cambiar las facultades y competencias del Consejo Supremo Electoral y convertirlo en un instituto o tribunal electoral como ha señalado una agrupación política, no existe otro mecanismo jurídico que reformar la Constitución Política”, agregó.

Por otra parte, Aráuz enfatizó en la intención del PLC de transformar el CSE en un “Tribunal Electoral”, pues ello conlleva otorgar a esa nueva figura, facultades jurisdiccionales que actualmente, competen a la Corte Suprema de Justicia, CSJ.

“Es imperativo garantizar que las próximas elecciones sean limpias, libres y transparentes, organizadas por una institución electoral independiente, reconocida y aceptada por todos. Por lo que exigimos la creación de un Instituto o Tribunal Electoral que administre las elecciones y que se haga desaparecer el actual CSE y todas sus estructuras”, se lee en el documento oficial aprobado por el Comité Ejecutivo Nacional, CEN, del PLC.

“La palabra Tribunal significa que (esta nueva estructura electoral) tendrá facultades jurisdiccionales de resolver asuntos relacionados, en última instancia, con los derechos de los electores y los derechos de los partidos políticos, lo que le estaría quitando competencias, incluso en materia de amparo, a la Corte Suprema de Justicia”, explicó Aráuz.

Reforma sin límites

El otro inconveniente de la propuesta es que una vez “abierta la Constitución”, no hay límite alguno para modificarla. Ni siquiera la misma Carta Magna establece diferencias entre lo que se debe considerar una reforma parcial y una reforma total, algo que para el jurista Manuel Aráuz denota una cierta ingenuidad respecto de la propuesta del PLC.

“Si reformamos la Constitución para cambiar la naturaleza, las competencias y facultades del Consejo Supremo Electoral y convertirlo en una cosa distinta, al reformar la Constitución, la discusión puede girar en torno a eso o en torno a cualquier otra cosa de la Constitución misma”, explicó.

Aráuz insiste en que no hay límite para abordar otros temas, como la reelección presidencial y el cambio de sistema de gobierno.

“La reforma electoral puede ser una puerta de entrada para discutir sobre el Consejo Supremo Electoral, pero también podríamos discutir sobre las competencias de la propia Asamblea Nacional; la función, organización y competencia del Poder Ejecutivo y también se podría discutir sobre el cambio de un sistema presidencialista a un sistema parlamentario y finalmente, sobre la reelección presidencial”, expresó.

Aráuz considera “demasiado ingenuo el comportamiento” de la dirigencia del PLC “si piensa que al abrir la puerta a una reforma constitucional va a lograr condicionar que sólo se discutan temas electorales”.

La “ingenuidad” liberal estriba, insiste Aráuz, en hacer creer que se puede cambiar la estructura electoral sin tocar la Constitución.

“Cuando se habla del Consejo Supremo Electoral, cuya integración está determinada por la Constitución, eso no se puede cambiar por la Ley Electoral; se tiene que ir a la Constitución y reformar el artículo 170 que dice que el Consejo Supremo Electoral está integrado por 10 magistrados, siete propietarios y tres suplentes”, explicó.

Pero, además, agrega Aráuz, “habría que reformar el artículo 129 de la Constitución para decir que el CSE ya no es un Poder Electoral y que es otra cosa diferente”.

¿Reforma total o parcial?

La otra parte de la “trampa liberal” la constituye la misma Constitución Política, la cual no establece un límite entre reforma parcial o reforma total. Los cinco artículos de la Carta Magna --del 191 al 195--, referidos a la Reforma Constitucional, no delimitan categóricamente el número de artículos o naturaleza de la modificación para diferenciar entre una reforma parcial y una total, simplemente los enuncia y establece el procedimiento a seguir.

A juicio de Aráuz, se pueden modificar 201, de los 202 artículos que comprende la Constitución, y aún así, considerarse una reforma parcial.

El artículo 191 Cn. señala: “La Asamblea Nacional está facultada para reformar parcialmente la presente Constitución Política y para conocer y resolver sobre la iniciativa de reforma total de la misma.

La iniciativa de reforma parcial corresponde al presidente de la República o a un tercio de los diputados de la Asamblea Nacional.

La iniciativa de reforma total corresponde a la mitad más uno de los diputados de la Asamblea Nacional”.

Según Aráuz, “no hay en Nicaragua una restricción acerca de la cantidad de artículos que pueden ser reformados o no, y tampoco hay una disposición que señale cuándo se debe entender que la reforma es parcial o cuándo es una reforma total”.

El artículo 192 Cn. indica: “La iniciativa de reforma parcial deberá señalar el o los artículos que se pretenden reformar con expresión de motivos; deberá ser enviado a una comisión especial que dictaminará en un plazo no mayor de 60 días. El proyecto de reforma recibirá a continuación el trámite previsto para la formación de ley. La iniciativa de reforma parcial deberá ser discutida en dos legislaturas”.

A juicio de Aráuz, se pueden modificar, incluso, el preámbulo y los principios de la Carta Magna, sin necesidad de recurrir a una reforma total.

El artículo 193 Cn. establece: “La iniciativa de reforma total seguirá los mismos trámites fijados en el artículo anterior (192) en lo conducente a su presentación y dictamen.

Al aprobarse la iniciativa de reforma total, la Asamblea Nacional fijará el plazo para la convocatoria de elecciones de Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional conservará su mandato hasta la instalación de la nueva Asamblea Nacional Constituyente.

Mientras no se aprueba por la Asamblea Nacional Constituyente la nueva Constitución, seguirá en vigencia la presente Constitución”.

Hasta los tres artículos anteriormente citados, no hay nada que establezca qué se entenderá por reforma parcial y qué se entenderá por reforma total.

Según Aráuz, cualquier partido político representado en el Parlamento puede pedir el cambio de sistema de gobierno mediante una reforma parcial. “En Nicaragua no hay lo que se conoce como ‘normas pétreas” que son aquéllas que sólo se pueden cambiar mediante una Constituyente”, explicó.

Esta ausencia de “normas pétreas”, señala Aráuz, es lo que le permitirá al Parlamento nicaragüense hacer cualquier modificación constitucional dentro del ámbito parcial.

“De los 202 artículos que tiene la Constitución, se pueden reformar 201 artículos y será siempre una reforma parcial”, insistió Aráuz.

Agregó que algunos (juristas y diputados) han planteado de que no se puede tocar el preámbulo y los principios de la Constitución porque eso significaría reformar la Constitución en un sentido total. “Eso es mentira. La reforma del año 1995 reformó el preámbulo y los principios fundamentales de la Constitución y fue una reforma parcial”, señaló.

Por otra parte, a juicio de Aráuz, desde el punto de vista teórico el cambio de sistema de gobierno presidencial a uno parlamentario o semiparlamentario podría plantear la necesidad de una reforma total; pero desde el punto de vista jurídico-legal, la Constitución no “amarra” eso, y siempre se puede hacer a través de una reforma parcial.

El artículo 194 Cn. señala: “La aprobación de la reforma parcial requerirá del voto favorable del sesenta por ciento, (56) de los diputados. En el caso de aprobación de la iniciativa de reforma total, se requerirá los dos tercios (60) del total de los diputados. El presidente de la República promulgará la reforma parcial y en este caso no podrá ejercer el derecho al veto”.

El artículo 195 Cn. establece: “La reforma de las leyes constitucionales se realizará de acuerdo al procedimiento establecido para la reforma parcial de la Constitución, con la excepción del requisito de las dos legislaturas”.

Tal como se observa, ninguno de los cinco artículos referidos a la Reforma Constitucional establece literalmente los límites --como número de artículos a reformar, o el fondo de lo que se pretende modificar--, entre una reforma parcial y una total.

“Perfectamente se puede cambiar el sistema de gobierno con una reforma parcial, no es necesaria una reforma total”, enfatizó Aráuz.