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El mayor impacto a las organizaciones sociales en el primer año de gobierno de Ortega --más que las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el caso de los Cenis o el problema con Unión Fenosa—fue, sin duda alguna, la creación e imposición por parte del Gobierno de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), a los que califican de instrumentos partidarios que tendrán recursos del Ejecutivo, a fin de excluir a todas aquellas organizaciones civiles organizadas que no estén de acuerdo con las propuestas de la actual administración del FSLN.

De lo que sí están seguras estas organizaciones sociales, a pesar de esta imposición, es que los CPC no tendrán más vida que la del período que le corresponde al presidente Daniel Ortega.

El balance de este fenómeno arroja varias preocupaciones, y las más seria es la señalada por el director ejecutivo de Inges, Irving Larios, cuando afirma, “que a los CPC los están convirtiendo en mercenarios de la participación ciudadana”.