Melvin Martínez
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Los dirigentes de la Unión Ciudadana por la Democracia, UCD, confirmaron esta mañana en rueda de prensa que se mantiene la convocatoria de ocho movilizaciones en diferentes municipios del país este 28 de febrero en contra “del fraude electoral, la dictadura, el hambre y el desempleo”, misma fecha en la que el gobierno ha llamado a salir a las calles. Violeta Granera, directora del Movimiento por Nicaragua, MpN, aprovechó para denunciar que personeros del gobierno y el presidente, Daniel Ortega, está haciendo "apología de la violencia" al invitar a marchas paralelas. No obstante, el portavoz de esta ONG, Roberto Hernández, afirmó que los grupos opositores "están más firmes que nunca".

Asimismo, el arzobispo de Managua, Leopoldo Brenes, recordó al gobierno que "las protestas y las manifestaciones son parte del derecho que uno tiene", y que por tanto esperaba que la marcha del sábado "no sea motivo de choques" entre opositores y sandinistas. "Ya tenemos la experiencia de que manifestaciones de este tipo han sido atacadas por personas que no comulgan con la ideología de quienes van manifestándose", aseguró el líder religioso.

La UCD ha recolectado más de 130 mil firmas que han llevado a varias instancias internacionales y a la Conferencia Episcopal de Nicaragua. Las movilizaciones se realizarán en Jinotega, Chinandega, León, Managua, Masaya, Jinotega, Teustepe, Juigalpa y en la Isla de Ometepe. El movimiento sostiene que la demanda que realizan es para que el voto de los ciudadanos sea respetado y para que el Consejo Supremo Electoral, CSE, realice un recuento de las boletas o de las actas de las elecciones municipales del pasado nueve de noviembre. 

En Managua, la movilización saldrá de las inmediaciones de la gasolinera Petronic de la Avenida Bolívar, hacia la Asamblea Nacional. En el caso de los departamentos del interior del país, se dará a conocer en los próximos días.

El movimiento cita como razones para manifestarse
:

* Cierre de espacios de participación política a los partidos MRS y PC.

* Falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos y corrupción generalizada.
* Rechazo a observación electoral nacional e internacional independiente.
* Amenazas a libertad de expresión, de asociación y de movilización ciudadana.
* Fraude electoral.
* Intimidación y uso ilegal de fuerzas de choque armadas.