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Temas relacionados con mejoras en la educación y el apoyo a los migrantes centraron la campaña electoral con miras a las elecciones, en las que se renovará el Ejecutivo y el Legislativo de Ecuador.

En un recorrido por el sur del país, el candidato del movimiento oficialista Alianza País, Lenín Moreno, que lidera las intenciones de voto, aseguró que construirá en la zona dos universidades técnicas, que se especialicen en acuacultura, agricultura, turismo, orfebrería y desarrollo marino, entre otros.

El opositor Guillermo Lasso, segundo en las intenciones de voto según algunas encuestas y tercero en otra, visitó zonas de la ciudad de Guayaquil, donde insistió en su percepción de que la ciudadanía quiere un cambio y en su oferta de crear en su eventual Gobierno un millón de empleos en cuatro años.

En un recorrido por la zona andina, la socialcristiana Cynthia Viteri recordó su oferta de un “cambio positivo” para el país, mientras que el exgeneral del Ejército Paco Moncayo, de la socialdemócrata Izquierda Democrática, suscribió compromisos para la protección ambiental y de apoyo a los migrantes, entre otros.

De su lado, el exasambleísta Abdalá “Dalo” Bucaram, de la agrupación Fuerza Ecuador, se reunió con jóvenes, a quienes insistió en la necesidad de apoyar un cambio en el país.

El médico Iván Espinel, de Compromiso Ecuador, reiteró en la urgencia de apoyar a los afectados por el terremoto de magnitud 7.8 de abril pasado, que dejó más de 600 fallecidos y millonarias pérdidas materiales en las provincias de Esmeraldas y Manabí.

El excanciller Patricio Zuquilanda, del partido Sociedad Patriótica, visitó la zona amazónica del país, en la que habló sobre eliminar impuestos que, en su opinión, agobian al desarrollo agropecuario.

Las elecciones

El próximo 19 de febrero, 12.8 millones de ecuatorianos están facultados para elegir al futuro jefe de Estado, además de los 137 integrantes de la Asamblea Nacional (Legislativo) y cinco miembros del Parlamento Andino.

Además, se votará una consulta popular impulsada por el Ejecutivo, que busca prohibir a los servidores públicos tener dinero o bienes en paraísos fiscales.