• Managua, Nicaragua |
  • |
  • |
  • Edición Impresa

Incluir el proceso de oralidad en las apelaciones presentadas en el Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones (TNLA), es una posibilidad que apunta a reformar el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social de Nicaragua, indicó el magistrado Luis Manuel Osejo, presidente del TNLA después de reunirse con diputados con quienes valoró el tema.

“Cuando una de las partes apela en el Tribunal, el proceso se vuelve escrito y engorroso. Podría simplificarse el trámite en una audiencia oral y pública en la apelación, pero esto tendría que hacerse a través de una reforma a la Ley 815 (Ley del Código Procesal del Trabajo)”, dijo Osejo.

“A nuestro juicio, que la apelación sea por escrito pudiese ser una razón por la cual no se pueden resolver los casos más rápidamente. Hay inquietudes sobre qué podemos hacer para mejorar y esa es la razón de estas reuniones, evaluar cómo estamos y qué mecanismos nuevos podemos diseñar para mejorar y adecuarnos más a los plazos que establece la ley”, comentó Osejo.

El presidente del TNLA se reunió este martes con legisladores de la Comisión de Asuntos Laborales y Gremiales de la Asamblea Nacional con quienes compartió los logros de los últimos años en materia de apelaciones laborales, pero también “debatimos sobre un tema que es la ausencia de la oralidad en la apelación, lo presentamos aquí, consideramos que si se revisa y se incorporan las audiencias orales en la apelación, eso puede ayudar”, agregó.

El TNLA dictó 1,628 sentencias en el 2016 mostrando que “hubo un aumento considerable gracias al diseño del mecanismo para agilizar los casos. En el 2015 se dictaron 1,115 sentencias, al Tribunal llegan demandas de todo el país. Un total de 1,130 casos quedaron pendientes del 2016 y se han venido resolviendo, en lo que va del 2017 tenemos un poco más de 999”, aseguró Osejo.

PLANTEAN REFORMA

Por su parte, Miguel Rosales, diputado del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y presidente de la Comisión de Asuntos Laborales, enfatizó que “detectamos la posibilidad de una reforma al Código Procesal Laboral, porque la oralidad permite darle a los tribunales de apelaciones las herramientas para tener celeridad en la tramitación de los recursos que se presentan”.

“En la primera instancia el procedimiento es oral, pero en la segunda instancia que es la apelación, se vuelve escrito, ahí vemos un anacronismo en la propia legislación. Molestaría que existiendo una necesidad de reformar la ley, esta no se plantee o no se hable, pero la posible reforma tendría que salir del seno de la Corte Suprema de Justicia”, agregó.

Rosales mencionó, como parte de los retos, “dotar de más presupuesto a la Corte Suprema de Justicia para abrir en Nueva Segovia, Madriz, Jinotega, Boaco y Río San Juan, las salas judiciales laborales, aunque también argumentan que la afluencia de usuarios de la ley laboral en estos departamentos no es suficiente como para abrir estas salas, pero habría que analizarlo”.