Jorge Eduardo Arellano
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En el marco de las últimas discusiones en torno al proyecto de Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abonados, el presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, José Pallais, explicó que el trabajo del agente encubierto será una medida que se aplicará en casos excepcionales, con la autorización de la máxima autoridad de la Policía Nacional y del Ministerio Público y con la supervisión de un juez.

Pallais explicó que uno de los principales objetivos de dicha ley es llegar hasta los capos o jefes de las estructuras delincuenciales, pues “son los que dirigen las organizaciones y son los que se enriquecen con las actividades criminales”.

El presidente de la Comisión de Justicia justificó así la aplicación del trabajo de agentes encubiertos. Sin embargo, señaló que “son técnicas de investigación excepcionales que no se pueden estar empleando todos los días ni en todas las actividades, sino que debe la máxima autoridad del órgano policial en coordinación con el Fiscal General de la República”. También expresó que también serán autorizadas por el juez para que éste supervise la correcta aplicación de la medida en aras de que el agente encubierto no caiga en corrupción o se vuelva un partícipe más del delito.

“A todas luces a nosotros nos parece que va a ser eficaz (la medida)”, manifestó Pallais.

Bienes deben ir a Hacienda

Sobre el destino de los bienes incautados por la Policía Nacional o el Ejército de Nicaragua en operativos antidrogas, el diputado dijo que la iniciativa de ley propone que “caigan en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público”, y que éste los distribuya en el Presupuesto General de la República, con el objetivo de fortalecer la transparencia y el control de los recursos.

En el caso de la incautación de bienes materiales (vehículos, electrodomésticos, etcétera), Pallais dijo que no es correcto que un policía o un juez ande en un vehículo de lujo decomisado al narcotráfico, por lo que señaló que en ese sentido la ley propone que dicho bienes se subasten bajo todas las normas que establece la Ley de Contrataciones del Estado y que los fondos sean manejados por el Ministerio de Hacienda y pasen al PGR.

Magistrado Martínez citado para el próximo miércoles

La presidenta de la Comisión de Probidad de la Asamblea Nacional, diputada Miriam Argüello, informó que el presidente del Poder Judicial, Manuel Martínez, está invitado para el próximo miércoles a asistir a dicha comisión para explicar el caso de nepotismo y planillas fantasmas en ese Poder del Estado.

La semana pasada Martínez no se presentó a la reunión convocada por la Comisión de Probidad, argumentando, a través de una carta, que estaba fuera del país y que regresaría hasta ayer.

Argüello también informó que probablemente hoy entre a discusión en el plenario el dictamen sobre el proyecto de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, CGR. Al respecto, la diputada manifestó que el proyecto de ley establece un debido proceso de investigación que no existía para efecto de los acusados.