Jorge Eduardo Arellano
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El Centro de Comunicación de la Investigación, Cinco, el Movimiento Autónomo de Mujeres, MAM, y demás organismos acusados por el Ministerio Público de triangular fondos, demandan “que el gobierno de Nicaragua emita una declaración pública taxativa a favor de Oxfam GB y Forum Syd para reparar el daño moral internacional que se les provocó” por las acusaciones de lavado.

A través de una declaración firmada por la Coordinadora Civil, Cinco, MAM y el Grupo Venancia, estos organismos hacen saber que se reservan el derecho de entablar juicio contra el Estado nicaragüense por los daños y perjuicios ocasionados, “pero exigen que el Ministerio de Gobernación cese la persecución y no siga siendo más instrumento de fines ajenos a su función”.

Los Organismos No Gubernamentales, ONG, afectados también hicieron un análisis de la investigación penal realizada por el Ministerio Público contra Cinco y a MAM. Las conclusiones del documento indican que la Fiscalía pretendió justificar la intervención de Cinco y su eventual cierre, alegando un ilícito inexistente, pero que su objetivo final era “presionar por el cierre de los espacios de comunicación Esta Semana, Confidencial y Esta Noche, atentando contra el ejercicio del periodismo crítico y la libertad de expresión”.

Contradicciones e incoherencias

El análisis detalla que se evidenciaron “serias contradicciones e incoherencias que afectaron el debido proceso y la seguridad jurídica”.

El documento también explica que el Ministerio Público realizó una serie de procedimientos para las cuales la ley y la Constitución no le otorgan facultades, violentando el Principio de Legalidad.

“El Ministerio Público sólo puede ejercer la acción penal o desestimar una denuncia, sin embargo, dictó una resolución en la que se extralimita en sus facultades puesto que no puede hacer recomendaciones a los Ministerios, remitir hallazgos para proceder a intervención administrativa, ordenar ejecución de proyectos y realización de auditorías o mandar a revisar Convenios Marcos de Cooperación”, se lee en el análisis.

De lo legal a lo ilícito

El documento de análisis explica que en su resolución, la Fiscalía manifiesta que Cinco, la Red Nicaragüense de Comercio Comunitario, Renicc, y el Grupo Venancia hacen transferencias ilegales a organismos inexistentes jurídicamente, o sea MAM, Coordinadora Civil y Red de Mujeres Municipalistas.

Gobierno se puede equivocar

Por su parte, el magistrado vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, Rafael Solís, dijo ayer que el gobierno tiene la capacidad de rectificar, como lo hizo en este caso de las ONG, donde admitió que no cabía una acusación penal porque sólo era un proceso de orden administrativo.

Sin embargo, las ONG afectadas demandan, a través de esa declaratoria, la destitución de todos los fiscales que actuaron en esa investigación por haber abusado de sus funciones y actuado en contra de los derechos fundamentales.