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Diputados de la Asamblea Nacional pidieron aumentar C$9 millones más al presupuesto del Ministerio Público (MP) con el fin de subir los salarios de los fiscales auxiliares y mejorar la cobertura en los municipios del país.

La propuesta fue realizada durante la presentación del informe de gestión anual del MP a cargo de la fiscal general de la República Dra. Ana Julia Guido, en el plenario del Poder Legislativo.

Guido presentó estadísticas que demuestran un aumento positivo en las labores del MP. Agradeció las recomendaciones y gestos de felicitaciones de los diputados, pero no se hizo comentario sobre las actuales remuneraciones que reciben los fiscales.

El Ministerio Público tiene en la actualidad 335 fiscales distribuidos en 15 sedes departamentales, pero con presencia solo en 62 municipios de los 153 que tiene Nicaragua.
El presupuesto del MP para el año 2017 tuvo un incremento con respecto al 2016, ascendió hasta los C$ 273.8 millones.

“9 millones de córdobas para subir los salarios de los fiscales y para aumentar la cantidad de los mismos, contribuiría para que Nicaragua siga siendo el país más seguro de Centroamérica”, dijo Jimmy Blandón, diputado del Partido Liberal Constitucionalista (PLC).

“Los salarios actuales para los fiscales auxiliares en Nicaragua andan entre los C$18,000 a C$22,000, cuando en el resto de los países de Centroamérica, la media de remuneración para los fiscales es de US$1,500”, agregó Blandón, quien además es abogado penalista.

Salarios justos

Paúl González, legislador del PLC, compartió la posición de su colega.

“Me sumo a lo indicado por el diputado Blandón. Si hay una política de Estado que es el muro de contención para las actividades del narcotráfico y el crimen organizado, es necesario que los fiscales reciban salarios justos o equitativos para las labores que desempeñan”, señaló González.

Además, González destacó que en la región del Caribe Sur, jurisdicción a la cual representa en la Asamblea, “contamos con fiscales solo en cuatro municipios y se necesita tener presencia de ellos en las otras cuatro municipalidades, con viáticos que sean proporcionales a la carestía de la vida en esta región, donde los costos son mayores que en el Centro, Norte y Pacífico del país”.

Presupuesto sin cambio

La Dra. Ana Julia Guido indicó en su informe que “el Ministerio Público desarrolló sus funciones en el 2016 con un presupuesto final aprobado de C$262,710,750”, señalando que “no hubo incremento con relación al año 2015”. El presupuesto se ejecutó en un 100%.

No obstante, para este año, el presupuesto del MP subió a C$273.8 millones y hasta el mes de marzo se había ejecutado un 23.5% del mismo, según estadísticas del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

El MP tiene en la actualidad 335 fiscales distribuidos en 15 sedes departamentales, pero con presencia solo en 62 municipios de los 153 que tiene Nicaragua.

“En los últimos 10 años la Asamblea Nacional ha venido aumentando progresivamente el presupuesto para el Ministerio Público de manera que esta institución ya no es la cenicienta, esto ha permito nombrar cada año a más fiscales en cada departamento”, comentó el diputado Carlos Emilio López, del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)

“Estamos conscientes que la institución requiere más presupuesto para nombrar más fiscales y para que estos servidores públicos que ejercen la acción penal y representan a las víctimas de los delitos, ganen un mejor salario. Tenemos el compromiso de seguir incrementando la partida presupuestaria al MP, como lo hemos venido haciendo”, agregó López.

Alcance de la fiscalía

Ana Julia Guido señaló que “en los 91 municipios donde no tenemos cobertura permanente, lo que hacemos es que hay fiscales asignados cuando hay casos relevantes, se atienden de manera itinerante, es decir, cuando ocurre un hecho relevante, vamos con la Policía y atendemos el caso. No atendemos casos de menor relevancia o delitos menos graves, sino casos graves y relevantes”.

El diputado Brooklym Rivera, del Partido Regional Yatama- representativo del Caribe nicaragüense, criticó el trabajo de la Fiscalía en el Caribe Norte, donde en los últimos años, dijo, han ocurrido distintos delitos sin que la Fiscalía o la Policía brinde un informe sobre las investigaciones de estos hechos.

Frente a ese señalamiento, la fiscal general respondió que “en las comunidades indígenas (del Caribe Norte) donde han ocurrido hechos, son procesos que están en investigación, podemos asegurar que no hay impunidad, que al contrario, hemos trabajado con mucha dedicación junto con la Policía Nacional, para tratar de esclarecer los hechos de situaciones que se han dado en esos lugares, pero son lugares remotos, alejados, con muchas dificultades, pero seguimos trabajando para dar respuesta a nuestras comunidades indígenas”.

La fiscal general destacó que en el 2016 se realizaron 10,008 juicios en total y se contabilizan 2,348 juicios más en comparación al año 2015, “esto implicó una mayor participación de los fiscales tanto en las audiencias como en los juicios orales y públicos”.

La cantidad de personas declaradas culpables fue de 5,528, esta suma se incrementó en 1,183 respecto al año 2015.

“Con relación a los bienes que han sido incautados en los diferentes procesos, para eso hay una oficina en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que se encarga de llevar los controles y no puedo dar respuesta sobre esto porque no le corresponde al Ministerio Público, no sé cómo se distribuyen los bienes (incautados)”, indicó la fiscal general.