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Durante el año 2007, la Asamblea Nacional estuvo al servicio del Poder Ejecutivo, pues varias leyes de importancia para el presidente de la República, Daniel Ortega, fueron aprobadas por los diputados con trámite de urgencia, entre ellas la prórroga de un año de la Ley Marco, a fin de posponer la vigencia de las reformas constitucionales de 2005 que restringen las facultades al mandatario.

En este aspecto fue determinante el apoyo de la bancada de la Alianza Liberal Nicaragüense-Partido Conservador, ALN-PC, encabezada por Eduardo Montealegre, quien propuso la prórroga.

En sólo el inicio del período presidencial de Ortega, en enero de este año, los diputados del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, se sumaron a los votos de ALN-PC y de la bancada del Frente Sandinista, para respaldar una reforma a la Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo (Ley 290), mediante la cual otorgaron al Presidente la facultad de crear los polémicos Consejos del Poder Ciudadano, CPC. Después se arrepintieron y las consecuencias están a la vista.

Se la sirvieron en bandeja
Adicionalmente, las bancadas no sandinistas apoyaron tres reformas al presupuesto de 2007 que el Ejecutivo propuso al Parlamento. Tanto la Ley Marco como la creación de los CPC y las tres reformas presupuestarias fueron aprobadas con trámite de urgencia tal como lo solicitó el presidente Ortega.

En contraste, la respuesta de la oposición contra el mandatario se traduce en una resolución para que el presidente Ortega y sus ministros respeten los símbolos patrios eliminando de los documentos oficiales el escudo “sicodélico”. En total la Asamblea Nacional aprobó 12 resoluciones. Así hicieron oposición.

Además, aprobaron una declaración para condenar los términos en que Ortega se refirió a los asistentes a la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York. Cabe señalar que ni la resolución ni la declaración tienen fuerza de ley, por tanto, el presidente Ortega no está obligado a acatarlas.

Organismo da la razón
El organismo cívico Hagamos Democracia monitoreó el trabajo parlamentario. La única conclusión en su informe final indica que “si bien es cierto que (la Asamblea Nacional) tuvo un intenso trabajo, la labor legislativa estuvo determinada por la agenda del Poder Ejecutivo, lo que debe ser una alerta para que los ciudadanos demanden a los diputados no oficialistas una gestión más beligerante e independiente en beneficio de la población que votó por ellos”.

La preocupación no es para menos, pues entre los aspectos negativos que el organismo detectó en el transcurso del seguimiento, destacan precisamente la falta de consultas en torno a las leyes presentadas por el Ejecutivo.

Otro de los aspectos negativos contenido en el informe de Hagamos Democracia, se refiere a la destitución del diputado de ALN-PC, Alejandro Bolaños Davis, quien fue acusado por sus colegas del Frente Sandinista de ostentar la nacionalidad estadounidense y mentir al Consejo Supremo Electoral, CSE, al inscribirse como candidato en las elecciones generales de 2006.

Sin presupuesto 2008
El informe destaca como negativo la no aprobación del Presupuesto General de la República para el año 2008.

Entre las recomendaciones, el organismo llama a la oposición a “ser más activa, no sólo en la aprobación de las leyes, sino también en su aplicación”. En este aspecto cita como ejemplo la Ley de Acceso a la Información Pública y la Ley del Salario Mínimo.