Ary Pantoja
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Toda vez que los contralores colegiados emitan una resolución estableciendo responsabilidades penales contra cualquier funcionario o ex funcionario público, deberán emitir los resultados de sus investigaciones directamente a los tribunales de justicia, según lo establecido en el artículo 92 de la nueva Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, que ayer quedó aprobada totalmente.

Algunos diputados de la Bancada Democrática Nicaragüense, BDN, intentaron modificar el artículo anterior, de manera que los resultados de las investigaciones, así como la resolución de responsabilidad penal, fuesen pasados a la Procuraduría o al Ministerio Público, y no directamente a los tribunales, sin embargo, la moción no prosperó.

Otro de los artículos que causó controversia fue el 105, el cual establece la obligatoriedad de las entidades financieras, públicas y privadas, de brindar información a la Contraloría sobre las cuentas de las instituciones estatales que estuvieren bajo investigación del ente fiscalizador.

Caería sigilo para funcionarios

El diputado de la BDN, Eduardo Montealegre, intentó sin éxito modificar también esta disposición alegando que viola el sigilo bancario, el cual sólo puede ser levantado por orden judicial.

“Las instituciones financieras públicas y privadas proporcionarán a la Contraloría General de la República, sin restricción alguna, información sobre las operaciones o transacciones determinadas por ésta con motivo de la práctica de la auditoría gubernamental, en caso de rehusarse, éstos podrán ser obligados a través de requerimiento judicial que impulsará el Consejo Superior de la Contraloría General de la República”, se lee en el primer párrafo del artículo 105, el cual quedó íntegro.

En defensa de esta disposición, uno de los funcionarios técnicos de la Contraloría explicó que se trata de la información financiera “motivo de la práctica de auditoría gubernamental”.