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El Grupo Promotor de las Reformas Electorales, GPRE, advirtió el peligro de que el Frente Sandinista, junto al Partido Liberal Constitucionalista, PLC, haga reformas a la Constitución Política de la República enmascarándolas como solución a la crisis institucional generada por los señalamientos de fraude en los comicios municipales.

Harry Chávez, miembro del GPRE, aseguró que es necesario correr el riesgo de impulsar reformas electorales, pero que se debe ser cuidadoso, pues no necesariamente implican reformas a la Constitución para las cuales, según él, no existen las condiciones y tampoco serían la solución a la crisis poselectoral.

“Están utilizando la necesidad de componer el sistema electoral y de cambiar a las autoridades responsables de muchas cosas que se hicieron mal, para supuestamente garantizar que en un nuevo proceso electoral no haya fraude, pero alegando que necesariamente se debe tocar la Constitución”, señaló Chávez.

Asamblea actual
no pariría buenas reformas
El constitucionalista Gabriel Álvarez señaló que una reforma constitucional con la misma correlación de fuerzas en la Asamblea Nacional indica que no saldría un buen producto porque no hay manifestaciones de voluntad política para ello.

Según Álvarez, hasta en lo interno del FSLN hay consenso de que el sistema electoral no funciona, prueba de ello es que el gobierno parece estar dispuesto a que haya cambios si se acepta que los elegidos queden tal como están. Para el jurista las elecciones municipales eran muy importantes para el partido gobernante, pues su pretensión era legitimar las reformas al poseer mayoría electoral.

Reformas constitucionales pueden venir con caramelos

Álvarez advirtió que la propuesta de reformas constitucionales estará acompañada de beneficios para los sectores más beligerantes para tratar de contentarlos durante el proceso de discusión.

El Grupo Promotor propuso como una de las soluciones a la crisis política la destitución o renuncia de los magistrados electorales y la elección de nuevas autoridades producto de un escrutinio público basado en el prestigio de los postulantes que dé legitimidad a sus cargos.

Este grupo propuso una serie de reformas a la Ley Electoral en las que se revive la participación por suscripción, se desbloquea la lista cerrada de diputados y concejales así como la elección de miembros de Juntas Receptoras de Votos de forma aleatoria, entre otras.

Dicha propuesta ya fue asumida por la red de Desarrollo Local y la Coordinadora Civil, pero han hecho exposiciones la bancada de la Alianza Liberal Nicaragüense, ALN y el PLC.