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En un posible sistema parlamentario en Nicaragua, el primer ministro podría quedar sin funciones y como una simple figura decorativa.

Según las reformas constitucionales propuestas por el diputado del Frente Sandinista Edwin Castro y por el Partido Liberal Constitucionalista, PLC, para establecer el parlamentarismo, el primer ministro deberá someter a consideración de la Asamblea Nacional su programa de gobierno para su aprobación.

De no ser aceptado, en las prepuestas de reformas no queda claro si el rechazo del programa será considerado como un “voto de censura”. En su análisis de las propuestas, el jurista Gabriel Álvarez Argüello considera necesario establecer la diferencia, porque si el rechazo del programa de gobierno se toma a la vez como un voto de censura, el primer ministro cesará inmediatamente en sus funciones y, por tanto, la Asamblea Nacional deberá elegir a otra persona en el cargo.

No hay mecanismos

En su estudio “Análisis de las propuestas de reforma constitucional nicaragüense: ¿Factor de democratización o profundización del pacto?”, presentado en la Universidad Centroamericana, UCA, Álvarez destaca la importancia de la aprobación o rechazo del programa de gobierno presentado por el primer ministro y la diferencia con el voto de censura.

“Parece que la desaprobación del programa del primer ministro no implica la aprobación automática de un voto de censura. Si se trata de conceptos diferentes no queda claro cuál es la mayoría necesaria para aprobar el programa de gobierno. Debe suponerse que es la mayoría absoluta de diputados presentes, según el artículo 141, segundo párrafo de la Constitución”, explica Álvarez.

Según el jurista, “tampoco queda claro qué ocurriría si no se aprueba el programa de gobierno, pero tampoco se alcanza la mayoría de 60 por ciento para aprobar el voto de censura. En fin, se trata de situaciones que pueden producir bloqueos y crisis para los cuales no se observan mecanismos institucionales de solución”.

¿Los plazos?

“En las democracias contemporáneas lo que se pretende es contribuir a la legitimación funcional del Parlamento tratando de dar una mayor garantía jurídica a las virtualidades de la aprobación parlamentaria del programa de gobierno. De este modo se contribuye a configurar un modelo de relaciones entre Ejecutivo y Legislativo basado en el diálogo público y permanente sobre la orientación política general y la rendición de cuentas sobre los compromisos políticos”, señala Álvarez.

Sin embargo, agrega, es necesario que quede claro el significado no sólo del rechazo o aprobación del programa de gobierno, sino también otros puntos de importancia, entre ellos, el plazo que tiene el primer ministro para presentar su programa.

Según Álvarez, “las propuestas (de reformas) ni siquiera plantean el plazo dentro del cual el primer ministro está obligado a someter su programa de gobierno a la aprobación de la Asamblea Nacional. Podría suponerse que es al inicio de su gestión gubernativa, como requisito indispensable para la formación y funcionamiento de su gabinete”.

“Sin plazo preestablecido para presentar el programa, sin agenda específica a desarrollar en un tiempo determinado, sin exigencia de correlato presupuestario que permita su ejecución y sin impedimento para haber integrado el gabinete, parece ser que la aprobación parlamentaria del programa y las políticas económico-sociales del primer ministro no serán un efectivo mecanismo de control, sino una mera ceremonia protocolar para dar legitimidad al gabinete que se presente”, explica Álvarez en su análisis.