•  |
  •  |
  • END

La primera dama, Rosario Murillo, ejerció las funciones del Poder Ejecutivo de forma ilegal durante el año 2007, según concluye la evaluación de la gestión gubernamental que realizó la Coordinadora Civil, CC, en el año que termina.

En su informe de evaluación al mandato del presidente de la República, Daniel Ortega, durante 2007, la Coordinadora Civil apuntó que el aparato gubernamental, como el más importante instrumento del ejercicio del poder público, “está siendo administrado con ánimo de dueño y con espíritu de perpetuidad autoritaria”.

Pero lo más grave, señala el documento, es que el control lo ha ejercido ilegalmente la primera dama de la República, Rosario Murillo, y, a juzgar por los hechos, esta situación no cambiará en el futuro cercano.

Según el informe, una de las prioridades de Ortega, desde los primeros días de su gobierno, fue obtener mecanismos legales para alcanzar la reelección presidencial continua, lo que está prohibido por la Constitución Política de Nicaragua. “Esta pretensión se desarrolla en medio de una fuerte tensión, intolerancia y sin posibilidad de diálogo abierto con los y las nicaragüenses, dejando en segundo plano la crisis económica y social del país”, señala el documento.

Los intereses bien definidos
Agrega el documento que esto explica “las tentativas políticas y jurídicas” de Ortega, entre ellas, impulsar reformas constitucionales para cambiar el sistema de gobierno, “para lo cual ha sido necesaria la colaboración de Arnoldo Alemán y su Partido Liberal Constitucionalista (PLC), afianzando cada vez más el pacto político por intereses mutuos”.

Según el análisis, al presidente honorario del PLC le interesa su libertad más que cualquier otra cosa; mientras que a Ortega, lo impulsa la reelección. Sin embargo, hasta hoy ninguno ha logrado concretar sus objetivos.

El análisis considera que esta situación ha desviado la atención de los problemas realmente importantes para la población, en particular, la discusión del Plan de Desarrollo Nacional, cuyas consultas aún están pendientes.

CPC son instrumentos de hegemonía y legitimidad
La CC considera que el pertinaz interés del presidente Ortega en la “legalización” de los Consejos del Poder Ciudadano, CPC, es con el único objetivo de que estas estructuras meramente partidarias tengan acceso al financiamiento oficial “y que se constituyan en el instrumento para construir su hegemonía en nombre del pueblo y dé legitimidad a sus decisiones”.

“Los partidos políticos tienen todo el derecho a constituir las organizaciones que consideren pertinentes, lo que no pueden hacer los partidos y el gobierno es desconocer las instancias respaldadas por la Ley de Participación Ciudadana para sustituirlas de facto por sus propias estructuras, excluyendo al resto de formas de organización de la sociedad civil”, señala el documento.

Para la Coordinadora Civil, en la práctica, los CPC se han convertido en organismos de centralización de la gestión gubernamental, en lugar de facilitar el trabajo ejecutivo. En el informe señalan como ejemplo que la distribución de alimentos y demás ayuda humanitaria en la Región Autónoma del Atlántico Norte, RAAN, afectada por el huracán Félix en septiembre pasado, ha sido centralizada por estos organismos paraestatales.

“El Presidente de la República realiza una peligrosa confusión gobierno-partido y actúa con ánimo de dueño del gobierno, el Estado y la propia sociedad civil con la imposición de los CPC. Además, opta por tolerar los actos de corrupción de funcionarios en colaboración necesaria de los operadores políticos del partido que despachan en la Secretaría del FSLN, tal y como ha sido denunciado en reiteradas ocasiones”, enfatiza el documento.




Demandan respuestas a problemas socioeconómicos
La CC demandó que el Plan de Desarrollo Nacional, PDN, sea discutido ampliamente, incluyendo los componentes de desarrollo humano sostenible, el ordenamiento territorial, el respeto y fortalecimiento de la participación ciudadana autónoma y plural, así como el desarrollo económico local.

El organismo civil demanda el “traslado paulatino de responsabilidades y competencias a los gobiernos municipales y regionales, a partir de la identificación plena de sus capacidades y demandas particulares; la selección de los servicios públicos sujetos a la descentralización; y una distribución equitativa de los recursos, a fin de mejorar las condiciones de vida de la población, en función de reducir la pobreza”.

Asimismo, solicitan “una participación ciudadana plural, autónoma, informada, vinculante y presente en todo el ciclo de políticas públicas, respetando la independencia de los Poderes del Estado y el marco jurídico vigente”.

Estos procesos --continúa el informe-- se deben promover sin exclusión de ningún sector de la sociedad civil, prevaleciendo el diálogo y la concertación, antes que la imposición, “con el propósito de combatir de manera efectiva la pobreza y avanzar hacia el desarrollo del país con democracia, participación y equidad”.

Según la CC, la situación actual “es producto de la inoperancia de la administración del presidente Ortega y está llevando al país a una evidente situación de ingobernabilidad, debido a la parálisis e ineficiencia del aparato gubernamental, que conlleva a una alta subejecución presupuestaria en la mayoría de los ministerios y entes autónomos”.

Ortega desoye y alienta conflictos internacionales
Por otra parte, la CC advierte que el Gobierno genera conflictos con países de pensamiento y posición distinta a la propia, lo que tarde o temprano traerá duras consecuencias en la economía, “a sabiendas que no estamos preparados para la sostenibilidad y que dependemos en gran medida de la cooperación”.

También aseguran que el Gobierno se ha vuelto autista, puesto que ni ve ni oye a nadie más que a sus propios correligionarios o aliados, menospreciando, negando y atacando a los grandes sectores de la sociedad civil que no comparten su visión, “el presidente Ortega tiene un comportamiento incoherente y dual, cuyo eje está centrado en la búsqueda de la reelección como mecanismo de continuidad imperecedera en el poder por el poder”, sostiene el escrito.