Ary Pantoja
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Mediante el acuerdo presidencial número 16-2009, el presidente de la República, Daniel Ortega, “donó” un terreno de más de 11 hectáreas (15.4 manzanas aproximadamente) a la Empresa Nicaragüense de Petróleos, Petronic, para establecer en el inmueble la refinería “El Supremo Sueño de Bolívar”, proyecto que ejecuta Alba Petróleos de Nicaragua, S.A., Albanisa, en sociedad con Petróleos de Venezuela, Pdvsa.

El acuerdo presidencial aparece publicado en La Gaceta, Diario Oficial, No. 34, del 19 de febrero de 2009, y se refiere a un terreno ubicado en Villa Sandino, municipio de Nagarote, departamento de León.

“Se autoriza al Procurador General de la República, para que comparezca ante la Notaría del Estado a suscribir conjuntamente con el representante legal de Petronic, Escritura Pública de Desmembración y Enajenación a favor de la Empresa Nicaragüense de Petróleos (Petronic) de un bien y sus mejoras pertenecientes al Estado de la República de Nicaragua”, se lee en el artículo uno del acuerdo.

Tiene que pasar por Asamblea

Seguidamente se detallan las características del bien, que incluye la extensión correspondiente a “11 hectáreas 6 mil 143 metros cuadrados”, de extensión.

De inmediato, el primer secretario de la Asamblea Nacional, Wilfredo Navarro Moreira, cuestionó la “regalía”, alegando que el mandatario nicaragüense viola la Ley de Disposición de Bienes del Estado, Ley 169, “pues todo bien de que disponga el presidente y cuyo valor supere los 200 mil córdobas, deberá ser aprobado por la Asamblea Nacional”.

Navarro también criticó el hecho de que Ortega “esté disponiendo” de un bien del Estado para entregarlo a una empresa privada.

Por otra parte, el presidente Ortega también autorizó, mediante el acuerdo No. 15-2009, del 13 de febrero del año en curso, donar a favor de la “entidad jurídica denominada Impresiones y Exportaciones Literarias, un lote de terreno urbano rústico ubicado en la ciudad de Managua.

En este caso, Navarro señaló que aunque no se especifica el valor del terreno, el presidente Ortega debería hacer las aclaraciones correspondientes para conocer si viola la Ley 169, en el sentido de no pasarse del valor de 200 mil córdobas para disponer del bien sin necesidad de la ratificación del Parlamento.