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El Instituto de Estudios e Investigación Jurídica, INEJ, fue creado a través de una ley, cuyo trámite en la Asamblea Nacional duró dos meses y 18 días y, a menos de tres meses de creado, recibió dos millones de córdobas del Presupuesto General de la República del año 2007.

El ocho de agosto de 2006, el entonces presidente de la Comisión de Educación y diputado del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, Orlando José Mayorga Sánchez, presentó la iniciativa de ley ante la primera secretaria del Parlamento, María Auxiliadora Alemán Zeas.

El 11 de octubre de ese año, la iniciativa fue incluida en la agenda de la Junta Directiva y en el adendum No.2 de la tercera sesión de la XXII legislatura; el 12 de octubre se presentó ante el plenario y el presidente del Parlamento, Eduardo Gómez López, la remitió a la Comisión de Educación para las consultas, sin embargo, cinco días después, el 17 de octubre, el dictamen favorable fue presentado en la Primera Secretaría; y, nueve días más tarde, el 26 de octubre, la ley fue aprobada en el plenario del Parlamento.

Al revisar el trámite expedito con una fuente legislativa, EL NUEVO DIARIO encontró que el dictamen ni siquiera cumplió con las 48 horas previas para ser incluido en el adendum No.4 de la tercera sesión, tal como lo establecía el Estato de la Asamblea Nacional, derogado posteriormente una vez aprobada la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

El 24 de noviembre de 2006, la Ley 604, Ley Creadora del Instituto de Estudios e Investigación Jurídica, fue publicada en La Gaceta, Diario Oficial, número 229. En el año 2007, el INEJ recibió sus primeros 2 millones de córdobas del Presupuesto, y en el año 2008, también fue beneficiado con la misma cantidad.

En 2009 “sólo un millón”

“Subvenciones a organizaciones sin fines de lucro, centros culturales y deportivos” es el rubro con el que los diputados ante la Asamblea Nacional justifican las asignaciones presupuestarias a diferentes organismos no estatales, que la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto incluye en el Presupuesto General de cada año.

De la misma manera que los dos años anteriores, en 2009, sin ser una institución de educación superior autorizada por el Consejo Nacional de Universidades, CNU, el INEJ, recibió un millón de córdobas del Presupuesto para “apoyo institucional (continuidad al desarrollo del programa de gobernabilidad)”.

El primer secretario del Parlamento y miembro de la Comisión Económica, Wilfredo Navarro Moreira, no sabe con certeza por qué esta institución privada recibe dinero del erario.

Pero no sólo eso, el presidente del CNU, Telémaco Talavera Siles, confirmó que el INEJ también está exonerado del pago de los servicios públicos (luz, agua y telefonía), prerrogativa exclusiva de las universidades públicas, establecida en la Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior, LAIS, Ley 89.

¿Navarro sorprendido?

Navarro tampoco supo decir claramente cuál es la naturaleza de la institución, considerando que fue creada mediante la Ley 604, del 26 de octubre de 2006 y publicada en La Gaceta, Diario Oficial, No. 229, del 24 de noviembre del mismo año.

El legislador se mostró desconcertado y no supo responder, al consultarle por qué el ente privado denominado Centro de Estudios e Investigación Jurídica, CEIJ, fundado en 1995, pasó a convertirse en un instituto a través de una ley creadora y empezó a recibir fondos estatales.

Antes de 2006, el CEIJ era dirigido en Nicaragua por el hoy magistrado de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, Sergio Javier Cuarezma Terán, quien ahora se convirtió en el Vicerrector General del INEJ, el cual tiene sus oficinas en la antigua casa de residencia de Cuarezma, ubicada en el reparto Bello Horizonte de Managua.

Cuarezma, por su parte, confirmó que éste es el tercer año que el INEJ recibe recursos del Estado a través del Presupuesto, y que todos los informes de rendición de cuentas fueron entregados a la Contraloría General de la República y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Durante su estadía el frente del CEIJ, Cuarezma, junto a un equipo de abogados, brindaba servicios de consultorías y asesorías jurídicas, algunas de las cuales se convirtieron en leyes de la República, como el Código de la Niñez y la Adolescencia, aprobado en 1998; la Ley de Régimen Penitenciario y de la Ejecución de la Pena; el Código Penal, la Ley Orgánica de Tribunales Militares y el Código Penal Militar, entre otras.

¿Universidad especializada?

El INEJ se define como “una institución académica, autónoma y sin fines de lucro (artículo 2), que tiene por finalidad contribuir al desarrollo humano y económico de la nación y la región a través de la investigación y los estudios de posgrado en los niveles de especialización, maestrías y doctorados, y la investigación científica en las diferentes áreas de las Ciencias Jurídicas y disciplinas afines (art. 3); y tiene la facultad de extender títulos propios”.

El artículo uno de la Ley 604 establece que “el INEJ asume todas las funciones, finalidades y atribuciones que las leyes, decretos, Acta de Constitución y Estatuto hayan establecido para el Centro de Estudios e Investigación Jurídica (CEIJ), asociación autónoma y sin fines de lucro creada por Decreto de la Asamblea Nacional No. 1062 del cuatro de octubre de 1995, publicada en La Gaceta, Diario Oficial, del miércoles 11 de octubre de 1995, No. 190, del cual será su sucesor legítimo sin solución de continuidad”.

En ninguna parte se establecía que el CEIJ estuviese facultado para “extender títulos propios” y mucho menos que fuesen a nivel de maestrías y doctorados y, además, reconocidos nacional e internacionalmente.

Según el artículo cuatro de la ley creadora, “los estudios del INEJ están constituidos por diplomados, posgrados en los niveles de especializaciones, maestrías y doctorados en las diferentes áreas de las Ciencias Jurídicas y las disciplinas afines, cuyos diplomas y títulos gozarán del pleno reconocimiento legal nacional e internacional; asimismo tiene la facultad de realizar convalidaciones de estudios del mismo nivel realizados en otras universidades nacionales y extranjeras”.

INEJ emite títulos profesionales

El vicerrector general del INEJ, Sergio Cuarezma Terán, dijo que esta institución se rige bajo el artículo 83 de la Ley General de Educación, aunque no quiso rechazar tajantemente que necesite de la autorización del Consejo Nacional de Universidades, CNU, creado al amparo de la Ley de Autonomía Universitaria.

Según Cuarezma, el hecho que el INEJ se haya creado al amparo de la Ley General de Educación, reviste mayor importancia que contar con el aval del CNU, considerando que la Ley de Educación se aprobó con el fin de “ordenar el sistema educativo en Nicaragua”. Para Cuarezma, todas las universidades deberían crearse mediante una ley y no requerir la autorización de “un grupo selecto”, en alusión al CNU.

Cuarezma aclaró que el dinero que el INEJ recibe del Presupuesto es destinado a proyectos específicos, y que a medida que se va ejecutando, la institución rinde los informes correspondientes al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y a la Contraloría General de la República.

Uno de los proyectos que financió el INEJ fue el libro denominado “A 21 años de la Constitución Política: Vigencia y desafíos”, elaborado bajo la dirección del jefe de la bancada del Frente Sandinista, Edwin Castro Rivera, y del mismo Cuarezma. En el texto, Castro Rivera expone su propuesta sobre la reforma constitucional y el cambio de sistema de gobierno.

Cuarezma adelantó que el INEJ está programando la elaboración de un segundo texto sobre las reformas constitucionales y el parlamentarismo, pero no dijo con qué recursos lo financiarán.

No es universidad

Consultado, el presidente del Consejo Nacional de Universidades, CNU, Telémaco Talavera Siles, dijo que el INEJ no está autorizado por este organismo rector. Talavera prefirió no entrar en detalles respecto del tema.

“No fue el CNU el que lo autorizó, sino que al amparo del artículo 82 de la Ley General de Educación se le otorgó el rango de instituto, y además se le confirió las mismas prerrogativas de las instituciones de educación superior reguladas en la Ley 89, como la exención de impuestos, pagos de servicios básicos, etc., como si fuera una entidad pública, aunque su naturaleza es privada y sin fines lucro”, señaló Talavera.

Talavera fue claro al señalar que el INEJ no es una institución de educación superior, por tanto, se debe asumir que tampoco tiene facultades para emitir títulos profesionales a nivel de maestrías y doctorados.

Respecto de la emisión de los títulos profesionales, el vicerrector general del INEJ y magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sergio Cuarezma Terán, insistió en invocar los artículos 81, 82 y 83 de la Ley General de Educación; y aunque no lo negó tajantemente, siempre puso de pretexto dicha legislación al consultarle si el INEJ requirió del aval del CNU para funcionar como tal.

Talavera coincide con Cuarezma en el sentido que “la creación de este instituto fue de conformidad con la Ley General de Educación”, pero aclaró que “para el caso de las instituciones de educación superior, entiéndase universidades y centros de educación técnica superior, si son de naturaleza privada, deben crearse y constituirse al amparo de lo que señala la Ley 147, de Personas Jurídicas sin fines de Lucro; y de lo que dice el art. 58, numeral 7, párrafo último de la Ley 89”.

Por su parte, el primer secretario del Parlamento, Wilfredo Navarro, dijo no conocer si el INEJ requería de autorización del CNU para operar como institución de educación superior.

Ley General de Educación pasa sobre Ley de Autonomía
Capítulo IV
De los Centros e Institutos de Estudios e Investigación
Arto. 81 Los Centros e Institutos de Investigación tienen por finalidad desarrollar investigaciones científicas, proporcionar la formación especializada para la producción del conocimiento, la formación científica, desarrollar las actitudes, conciencia ética, solidaria, reflexiva, crítica, capaces de mejorar la calidad de vida, consolidar el respeto por las instituciones y la vigencia de la democracia.

Arto. 82. Los Centros o Institutos de Estudios e Investigación responderán a las necesidades profesionales, científicas, sociales y económicas de interés general para la nación sin pretender sustituir en ningún caso a aquellas instituciones de educación superior o universidades que conforme la normativa vigente también tienen la facultad de extender títulos propios. Los estudios de los centros o institutos de estudios e investigación consistirán en estudios de actualización, postgrados, especialización, maestrías o doctorados, cuyos certificados, diplomas, títulos de especialista, maestría y doctorado gozarán del pleno reconocimiento legal nacional e internacional.

Arto. 83. Los Centros o Institutos de Estudios e Investigación serán creados por la Asamblea Nacional, a través de la ley. Esta ley determinará su régimen académico, científico, administrativo, patrimonial, estructura y funcionamiento; todo ello sin perjuicio de adscripción o creación de Centros o Institutos conforme a la Ley 89, Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior.