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El contralor Lino Hernández anunció ayer que en 15 días la Contraloría General de la República, CGR, iniciará la revisión de las declaraciones de probidad de funcionarios del Estado, al tiempo que también reconoció que la ley de ese procedimiento es débil, en el sentido de que no se puede comprobar si el funcionario usa terceras personas para su enriquecimiento.

Hernández explicó que lo que hacen los contralores es ver lo que declaran actualmente versus lo que está planteado en el registro de tránsito, en la propiedad inmueble, en el Registro de Comercio, “pero si alguien agarra un dinero y lo va meter al Gran Caimán, pues no tenemos capacidad para verificarlo”.

“Sí es débil la ley, porque se nos hace difícil verificar si (sus propiedades) están a nombre de terceras personas (o) de una compañía que se va abrir, lo que vemos nosotros es lo que declara el funcionario cuando entra o cuando sale”, admitió ayer el contralor, quien ofreció las declaraciones en una reunión de liberales arnoldistas.

Más imposibles para la CGR

Por otra parte, también dijo que no se van revisar las declaraciones de probidad de los funcionarios menores o de alcaldías lejanas, porque, “por ejemplo, no estamos en capacidad de ir a Laguna de Perlas o de ir a San Pedro del Norte (...) debido a la reducción en el presupuesto”, dijo.


Por esa razón los contralores decidieron sólo revisar a los principales funcionarios del Estado, incluido al Presidente de Nicaragua.

El contralor también fue cuestionado sobre la intervención de la CGR en las investigaciones sobre el uso de los recursos públicos en las campañas electorales de los candidatos del gobierno.

Para eso está la Fiscalía Electoral

Hernández dijo al respecto que siempre se les ha criticado porque no investigan esos casos, y en ese sentido manifestó que lo que la ley señala es que ellos (los contralores) tienen una acción a posteriori, “y específicamente para eso está la Fiscalía Electoral”.

En relación a que el gobierno no siempre cumple los procedimientos que establece la ley, Hernández también lo aceptó, y además explicó que han autorizado una serie de exclusiones de procedimiento, la mayor parte en el primer año del gobierno, dándole preferencia a lo que eran cuestiones de la energía.