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Los diputados de la Asamblea Nacional invitaron a miembros de la Corte Penal Internacional para conocer el funcionamiento de ese organismo ante la posibilidad de que Nicaragua firme el Estatuto de Roma que creó ese órgano.

Hasta el momento pertenecen a la CPI solamente 108 Estados, en el caso de América Latina, muy pocos no lo han ratificado, entre los que se incluyen Nicaragua, Chile y El Salvador.

El presidente de la Asamblea de los países miembros, el embajador de Liechtenstein, Christian Wenaweser, propugna por el consenso respecto a la definición del crimen de agresión que permita a la CPI ejercer su jurisdicción sobre éste. En busca de ese consenso el próximo seminario será en Kampala, Uganda, en el continente africano, donde se definirá una revisión al Estatuto de Roma.

Además revisarán la propuesta de Bélgica de incluir como armas prohibidas las minas antipersonales y las armas biológicas.

Hay resistencia

Wenaweser señaló la oposición que hay de los países miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en cuanto a la tipificación del delito de agresión, argumentando que ésa es una facultad exclusiva que tienen ellos como organismo de la ONU. Pero tal planteamiento destruye el principio de independencia de la Corte, por lo que Wenaweser espera sea rechazado por la mayoría de los países.

Por su parte, la senadora argentina Marita Perceval, consideró que la CPI permitiría no sólo evitar la impunidad de delitos de lesa humanidad, sino que será como un mecanismo de prevención, pues en la Corte los fallos son en contra de personas, es decir, a nivel individual de quien dio la orden.

La senadora Perceval no se sorprendió por la no aprobación en Nicaragua, pues asegura que en su país tomó tiempo, pues considera debe quedar claro que no se pierde soberanía, pero recomendó a Nicaragua que se una a los demás países de América Latina que lo han aprobado.

CSJ aprueba participación de Nicaragua

Antes, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Manuel Martínez, dijo al concluir un encuentro con una misión de la Corte Penal Internacional, que Nicaragua no tiene temor de suscribir el Estatuto de Roma y que la decisión es eminentemente política.

“Por lo que vi hoy, de todos los magistrados que estaban ahí, incluso el doctor Solís y otros seis magistrados, dijeron que no hay ningún temor, pues habría un dictamen favorable a la suscripción del Estatuto de Roma, pero es muy significativo que el doctor Solís, el vicepresidente (del Poder Judicial), haya expresado esa disposición”, dijo el doctor Martínez.

Martínez hace alusión a la presencia del magistrado Solís porque representa al partido de gobierno, que según la Comisión Permanente de Derechos Humanos, varios de sus integrantes tienen denuncias por genocidios cometidos en la década de los 80.

La delegación de parlamentarios, encabezada por Wenaweser, Presidente de la Asamblea de los Estados Parte del Estatuto de Roma, tiene como misión ver la posibilidad de que Nicaragua suscriba dicho estatuto.

“La misión tenía el objetivo de sensibilizar a los parlamentos para que aprueben el Estatuto de Roma y los demás países que faltan en América lo suscriban porque no hay retroactividad y la Corte Penal Internacional tendría jurisdicción a partir de la suscripción, no para atrás”, dijo el doctor Martínez al término del encuentro.

¿Qué es la CPI?

La Corte Penal Internacional nace oficialmente en julio de 1998 cuando representantes de 120 Estados miembros de la ONU firmaron en la capital de Italia el denominado Estatuto de Roma, tratado que establece por primera vez en la historia humana una instancia jurídica mundial permanente para conocer responsabilidades individuales; es decir, de quienes dan las órdenes para cometer crímenes de guerra, genocidios y delitos de lesa humanidad, como desapariciones forzosas, deportaciones masivas, esterilizaciones de etnias, prostitución impuesta, esclavitud, limpiezas raciales y exterminios colectivos.

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