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Con casi 6,000 despedidos de las zonas francas en los últimos cinco meses, un 70 por ciento de trabajadores en el sector informal que nos les permite aspirar a un seguro social y con las necesidades de los empleados bajo la sombra de la política nacional, hoy Día Internacional de los Trabajadores “no hay nada que celebrar”.

Por lo menos así opina el secretario general de la Confederación de Trabajadores por Cuenta Propia, CTCP, Adrián Martínez, para quien la celebración de este día es a futuro, pues dijo que por ahora la aspiración del sector al que representa es “celebrar un primero de mayo con bienestar, salud, educación, fuentes de financiamiento y seguro social”, lo cual no tienen.

Martínez explicó que ese 70 por ciento abarca aproximadamente a un millón 300 mil personas que trabajan por cuenta propia, lo cual supone que “pierden el derecho a la convención colectiva, a las vacaciones, a un seguro social y al treceavo mes”. “Ese (trabajo por cuenta propia) es un modelo del famoso libre mercado del neoliberalismo, que lo que ha traído es hambre, pobreza y miseria para miles de personas”, reprochó al respecto el dirigente.

Miles empleos perdidos

Con el mismo pesar que Martínez, pero desde otro sector, la coordinadora del Movimiento de Mujeres Trabajadoras y Desempleadas “María Elena Cuadra”, Sandra Ramos, lamentó en el marco del Día Internacional de los Trabajadores el despido de 5,455 empleados de las zonas francas desde enero de este año, los que desde 2006 acumulan 27,738 cesanteados.

Esta dirigente asegura que las personas despedidas de las zonas francas están en total indefensión porque, según explicó, “es bastante complicado perseguir a alguien que no está en el país y por la inercia de algunas instituciones del Estado que deberían actuar para proteger los derechos de las trabajadoras”.

Además, denunció que los despedidos de estas transnacionales pierden su derecho al seguro social, pues pese a que los empleadores lo pagan a las empresas, éstas no transfieren el dinero a las instituciones aseguradoras.

Ramos considera que la situación de estas personas no es una prioridad para el actual gobierno, como no lo ha sido para los anteriores. Sin embargo, advirtió que desde esa perspectiva no puede criticar solamente al gobierno, pues según ella es toda la clase política del país la que ha provocado una inestabilidad económica y política que marca a Nicaragua con un alto índice de riesgo país.

Ramos hizo un llamado a poner un alto a esta situación y a “afinar los instrumentos que tenemos para defender nuestros derechos”, entre los que destacó la unidad sindical. “Las corrientes políticas y los idearios políticos partidistas sesgan la lucha de los trabajadores, anteponen al partido a nuestra lucha social”, agregó.

Una lucha que nunca termina

Para el secretario general de la Central Sandinista de Trabajadores, CST, “José Benito Escobar”, Miguel Ruiz, es la polarización política del país la que pone bajo sombra los derechos por los que los trabajadores luchan.

Entre las necesidades de los trabajadores que quedan bajo la “sombra de la polarización política”, Ruiz mencionó la discusión del salario mínimo como una de las grandes demandas al gobierno y a la empresa privada.

Cuestionó el hecho de que ni el gobierno ni la empresa privada han hecho sus respectivas propuestas sobre un nuevo salario mínimo. “Ya pasaron prácticamente siete reuniones, lo ideal es que, en la mesa, las tres partes nos pusiéramos de acuerdo para establecer ese salario, pero lamentablemente eso no ha sucedido”, reprochó.

Según Ruiz, la única propuesta presentada es la de la CST, la cual consiste en un incremento mínimo del 20 por ciento para los trabajadores de la ciudad y un 50 por ciento para los del campo.

“Todavía esperamos que la empresa privada y el gobierno puedan presentar una propuesta y que posibiliten una negociación en el marco tripartido, si eso no es así, el gobierno tendrá que dictar en los próximos días cuál es el nuevo incremento salarial”, insistió.

El secretario general de la CST “JBE” confió en que el presidente de la República, Daniel Ortega, promulgue la nueva tarifa de salario mínimo, la cual debe ser justa, pues dijo que están conscientes de la crisis económica mundial que afecta al país; además señaló que desde la parte sindical hay flexibilidad para buscar puntos de consenso en función de una estabilidad.

Ruiz lamentó que la polarización política que vive el país tome una connotación más fuerte en algunos líderes sindicales, pues “se les ve más en la actividad política que en la actividad sindical”. Y aunque reconoció que hay libertad de manifestar posiciones políticas, subrayó que “la prioridad sigue siendo el convenio colectivo, los salarios, la estabilidad laboral, las nuevas fuentes de empleo, la salud de los trabajadores, la vivienda y la educación”.