Matilde Córdoba
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El cambio de los magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE) no sería suficiente para devolverle la credibilidad a este Poder del Estado, así lo considera el organismo de observación electoral Ética y Transparencia.

A criterio del director ejecutivo de Ética y Transparencia, Roberto Courtney, el problema en el Consejo Supremo Electoral “trasciende las vinculaciones partidarias de los magistrados”.

“El reemplazo de los magistrados no es suficiente para la credibilidad, se necesita un rediseño de la Ley Electoral”, opina Courtney. La credibilidad del Poder Electoral está en entredicho desde las elecciones municipales de noviembre pasado, cuando los partidos políticos opositores participantes en la contienda denunciaron un fraude en al menos diez municipios, entre ellos los más importantes del país, incluyendo la capital.

Debido a esas denuncias, los últimos proyectos de la Cuenta Reto del Milenio, que se ejecuta en el Occidente del país, fueron suspendidos y la cooperación líquida de la Unión Europea fue retirada.

El Grupo Promotor de Reformas Electorales ha hecho públicas algunas iniciativas de reformas que aún no han tenido eco en el gobierno y en el Consejo Supremo Electoral (CSE).

Sin embargo, el Partido Liberal Constitucionalista, PLC, presentó una propuesta de reforma a la legislación electoral que obligatoriamente conlleva a una modificación de la Constitución Política.

Pero, según las propuestas del Grupo Promotor, no se precisaría de una reforma a la Constitución Política para cambiar la Ley Electoral, pues sólo se necesita una modificación a los nombramientos de las instancias electorales, flexibilizar las normas para la constitución de partidos y alianzas y los procedimientos para conocer el desarrollo y resultados electorales.

El Grupo Promotor de las Reformas Electorales ha presentado sus propuestas a los diferentes partidos políticos. El Partido Liberal Constitucionalista, por ejemplo, expresó sus reservas en temas como la suscripción popular.

A criterio del Grupo Promotor las reformas electorales serían una forma de abonar al fin de la crisis postelectoral.