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La dirigencia del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, mostró cautela en torno a la posible revocación del cargo del Presidente del Consejo Supremo Electoral, CSE, Roberto Rivas Reyes, en caso de confirmarse que no presentó en tiempo y forma ante la Contraloría General de la República su declaratoria de bienes, al asumir el cargo de magistrado del Poder Electoral.

El presidente honorario del PLC, Arnoldo Alemán Lacayo fue enfático al señalar que para revocar a un magistrado del CSE o de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, se requiere de 56 votos en la Asamblea Nacional. “Las cosas en derecho se deshacen a como se hacen y para elección de estos cargos se requiere de 56 votos, así que la destitución debe hacerse de la misma manera”, expresó Alemán.

Lo que no explica la AN

Por su parte, el vicepresidente del partido, Wilfredo Navarro Moreira, dijo que no son los diputados quienes revocarían a Rivas, -o cualquier otro funcionario-, sino la misma ley, al señalar que “si yo no presento mi declaración de probidad no puedo ejercer el cargo y por tanto no tengo ningún ejercicio de función, igual pasa con todos los demás (funcionarios)”.

Según la explicación de Navarro, si Rivas no entregó a la CGR su declataroria de bienes, nunca ejerció el cargo y, por ende, todo lo actuado y autorizado durante su período en materia electoral, sería nulo. Sin embargo, esta situación fue subsanada por el mismo Navarro al señalar que “se podría usar la figura del funcionario putativo para garantizar el mantenimiento del orden legal”, es decir dejar las cosas como están considerando que se estaría ante hechos consumados. Lo que no explica Navarro cómo la Asamblea Nacional lo nombró sin tener en sus manos la certificación de que había presentado su declaración de probidad ante la Contraloría.

Parlamento desconoce

Por otra parte, Navarro aclaró que la Primera Secretaría nunca ha recibido copia de las declaraciones de probidad de funcionario público alguno y por tanto, tampoco de Roberto Rivas.

Ante el cuestionamiento de que antes de dar su voto para reelegir a Roberto Rivas como magistrado del Poder Electoral, el PLC y sus diputados debieron pedir a la Primera Secretaría del Parlamento una certificación sobre la declaración de bienes del nominado, Navarro insistió en que esta instancia legislativa jamás ha recibido ese tipo de información.



Declaración de probidad no es tan privada

Leonor Álvarez
La semana pasada el magistrado presidente del Consejo Supremo Electoral, CSE, Roberto Rivas, dijo que él no está obligado a publicar su declaración de probidad, porque es “un asunto estrictamente de carácter privado”, sin embargo, la Ley lo contradice y lo obliga a presentarla, principalmente si es solicitada por el Ministerio Público o la Contraloría General de la República, CGR.

Según el artículo 22 de la Ley 438, Ley de Probidad de los Servidores Públicos, “toda persona natural (cualquier ciudadano) o jurídica (empresa o institución), con expresión detallada de los motivos que le asisten, podrá solicitar a la Contraloría la Declaración Patrimonial de cualquier Servidor Público, bajo su propia responsabilidad civil o penal”.

“De tal solicitud se deberá poner en conocimiento al servidor público de quien se solicita la declaración patrimonial, para que argumente lo que tenga a bien en un término de tres días”, detalla el artículo referido al “Acceso a la declaración Patrimonial de los Servidores Públicos”.

Y además, el tercer párrafo de este mismo artículo indica que “en caso que sea el Ministerio Público o la Procuraduría General de la República, quienes en el marco de sus funciones, atribuciones y competencias soliciten copia de la declaración patrimonial del servidor público, la misma procederá de manera inmediata”.