Ary Pantoja
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La propuesta de reforma a la Ley Electoral presentada la semana pasada públicamente por el Partido Liberal Constitucionalista, PLC, pasó ayer de un “compromiso serio ante la nación”, a una simple “provocación”, según calificó el primer vicepresidente del PLC, Wilfredo Navarro, a manera de excusa, pues la proposición aún no cuenta con el respaldo de los 33 diputados que se requieren para presentarla en calidad de iniciativa ante la Primera Secretaría del Parlamento.

Conforme con los artículos 191 y 195 de la Constitución Política, para modificar la Ley Electoral –por ser de rango constitucional-, “la iniciativa de reforma parcial corresponde a un tercio de los diputados (es decir 33)”. Es decir que sólo la presentación de la “iniciativa” ante la Primera Secretaría del Poder Legislativo requiere de la firma de 33 diputados.

Esperan respaldo de otras bancadas

Navarro admitió que de momento el PLC cuenta única y exclusivamente con el respaldo de sus 21 diputados, aunque señaló que están a la espera de una respuesta de parte de las demás bancadas parlamentarias a las que le hicieron llegar copia del documento.

“Nosotros llamamos a nuestro documento una provocación para que las otras fuerzas políticas en el Parlamento presenten sus propuestas y podamos, juntos, elaborar una propuesta de Ley Electoral que podamos introducir en la Asamblea Nacional”, señaló.

Navarro dijo que todas las proposiciones se incluirán en un solo documento, siempre y cuando las propuestas de reformas a la Ley Electoral no tengan ninguna vinculación con reformas constitucionales.

Tanto Navarro como el presidente honorario del PLC, Arnoldo Alemán, insistieron hasta la saciedad en que este partido político no promoverá reformas electorales que conlleven a una reforma a la Constitución Política con el fin de establecer la reelección presidencial continua y el cambio de sistema de gobierno.

Hasta antes de la semana pasada, la propuesta de reforma electoral del PLC incluía una modificación parcial a la Carta Magna, considerando que se cambiaba el carácter de “poder” del Consejo Supremo Electoral, CSE, reduciéndolo a un simple instituto.