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El presidente de la Comisión de Asuntos Étnicos, Regímenes Autónomicos y Comunidades Indígenas de la Asamblea Nacional, Brooklin Rivera Bryan, acusó a algunos de sus colegas de bloquear la discusión y aprobación de la Ley de Pueblos Indígenas, alegando que son dueños de grandes extensiones de tierra en territorios del Centro, Norte y Pacífico del país, cuyos títulos reales serían reconocidos por esta legislación a favor de las comunidades autóctonas.

Rivera dijo que “son varios” los diputados que tendrían propiedades en estos territorios, aunque de momento sólo mencionó al legislador del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, Carlos Noguera Pastora, quien, según Rivera, tendría tierras en esas condiciones.

Agregó que funcionarios actuales y ex funcionarios de gobiernos anteriores también son dueños de “grandes extensiones de tierra”, aunque tampoco especificó a cuánto asciende la cantidad de manazanas o hectáreas de tierra que están en manos de privados y que pasarían, con la Ley aprobada, a ser propiedad de las comunidades indígenas.

Duarte avisora discrepancias

Por su parte, el vicepresidente de la Comisión de Asuntos Étnicos y diputado del PLC, Víctor Duarte, dijo que ha escuchado la información de que algunos diputados son dueños de tierras ubicadas en las zonas indígenas, pero desconoce con exactitud quiénes son.

Con cierta reserva en sus palabras, Duarte respaldó los señalamientos de Rivera en el sentido de que la Ley de Pueblos Indígenas podría crear algunas discrepancias y fuertes roces al momento de su discusión y aprobación, sin embargo, se mostró cauteloso de confirmar el interés de algunos diputados para evitar la aprobación de la nueva legislación por miedo a perder sus tierras.

Levantando inventario

El diputado Brooklin Rivera Bryan dijo que actualmente están realizando un inventario para determinar con exactitud las extensiones territoriales en manos de privados que se encuentran dentro de las zonas indígenas tanto en el Pacífico, como en el Centro y Norte del país, y el impacto en esas propiedades, una vez aprobada y en vigencia la nueva ley.

Rivera dijo que se respetarán las concesiones de explotación de recursos naturales, así como los contratos de arriendo. Uno de los temas que provocará serios roces en el Legislativo es la propuesta de que beneficios, como impuestos y otros ingresos que reciben las alcaldías a través de las concesiones y las tierras en arriendo, pasen directamente a las comunidades indígenas y no a las municipalidades.