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El dictamen de la Ley de Desarrollo de Zonas Costeras logró el consenso en el artículo número uno referido al objeto de la ley, retirando el contenido que contempla la protección de la propiedad del Estado, pues acordaron que tal disposición está regida por la Constitución Política de la República, el Código Civil y la Ley Agraria de 1917.

El artículo uno, junto a otros cuatro puntos en la ley, es el que ha desatado la polémica que tiene anclada a la iniciativa desde hace cinco años. Los restantes puntos son los referidos a la derogación de la Ley Agraria de 1917; el área de uso público, que oscila entre los 30 y 50 metros, y las atribuciones de las alcaldías en el manejo de las concesiones.

Adicionalmente, a solicitud de parte, se sumó al Ejército de Nicaragua como miembro de la Comisión de Desarrollo de Zonas Costera, CDZC, formada ahora por 12 instituciones que harán los estudios de viabilidad en las costas, en torno a las concesiones, construcciones, los derechos de vía y asesoría técnica a los municipios.

10 por ciento de ingresos para el Ejército

Pero esto significó darle al Ejército de Nicaragua un diez por ciento de lo recaudado por la entrega de concesiones y multas, y reducírselos a las alcaldías, que pasaron del 70 al 60 por ciento de dichos recursos.

Extraoficialmente se conoció de una encerrona entre diputados del Frente Sandinista, de la bancada del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, y de la Bancada Democrática Nicaragüense, BDN, para acordar todos los puntos sin consenso, de tal forma que la ley sea aprobada el próximo jueves.

El presidente de la Comisión de Población, Desarrollo y Municipios, Agustín Jarquín Anaya, sostuvo que la ley, tal como está, no interviene en temas de propiedad y que en todo caso reconoce los derechos que tienen hasta la fecha los propietarios privados, las propiedades del Estado, así como los alquileres por entidades estatales y los arriendos.