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El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, Cosep, José Adán Aguerri, propuso una reforma al artículo dos de la Ley Agraria de 1917, para dejar claramente establecido el reconocimiento de los derechos adquiridos antes y después de la promulgación de esa ley, de tal forma que no se preste a interpretaciones sobre la propiedad costera una vez aprobada la Ley de Desarrollo de Zonas Costeras.

“Serían dos caminos; o derogarlo, que es lo que hemos planteado; o, en caso de mantenerse, que quede totalmente la certeza que el inversionista puede invertir con seguridad, queremos que quede claro qué significa el derecho de propiedad privada, derecho adquirido, que quede cerrado sin paso a interpretación alguna”, explicó Aguerri.

El artículo dos de la Ley de 1917 establece textualmente: “No pueden enajenarse: los terrenos comprendidos en una zona de dos kilómetros de latitud a lo largo de las costas de ambos océanos; y a orillas de los lagos y ríos navegables en una latitud de 800 metros; y las islas de los mares territoriales y de los lagos; pero la zona reservada en la ribera sudeste del Gran Lago, desde el río de Las Lajas, hasta El Tule, y en cada uno de los lados del San Juan, será de tres mil quinientos metros. Tampoco podrán enajenarse los terrenos comprendidos en una zona de cinco kilómetros de ancho a lo largo de la línea fronteriza con la República de Honduras”.

Ley tiene que aprobarse por consenso

El líder empresarial resaltó la necesidad de que la Ley de Costas sea de consenso porque de lo contrario no generaría la inversión turística en las costas del Pacífico, recordando que en más de diez años sólo se ha construido el proyecto de Montelimar.

Aguerri sugirió establecer 30 metros de costas para uso público, y no 50, como está en el dictamen, pero señaló que la mayor importancia reside en las discrecionalidades en la ley sobre el permiso a estructuras desmontables y negocios informales que, según Aguerri, ahuyentarían inversiones millonarias.

“No debe haber ni el margen ni el espacio para que a una inversión de muchos millones de dólares, que va a generar empleos, se le pongan caramancheles, se le pongan negocios informales que afecten una inversión de ese tamaño; lo que queremos es que la ley diga que el poblador puede circular libremente, pero que ese tipo de cosas son prohibidas”, señaló Aguerri.

Reconoció que ya existe consenso sobre el objeto de la ley, la cual no discutirá temas de propiedad.

Hay menos inversiones a la espera

Por otro lado, explicó que con la aprobación de la Ley de Costas se ejecutarían de inmediato inversiones no menores a 500 millones de dólares. Pese a ello reconoció que la crisis financiera mundial significó una considerable baja, pues hasta hace un año se hablada de 1,500 millones de dólares en proyectos a la espera de la ley, inversiones que deberán esperar mejores tiempos.

Al parecer la ley encontrará consenso la próxima semana, pues es visible la urgencia por su aprobación de parte de todas las bancadas y de la empresa privada que, a través de algunos de sus miembros, cabildeó con las diferentes agrupaciones parlamentarias durante la última discusión.