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2008 será el año de la lucha por el poder local. Un total de 153 municipios del país seleccionarán a sus alcaldes y a sus concejales, en una justa que adquiere mayor relevancia en la medida de que a nivel global el poder se vuelve local. Las alcaldías cobran gran interés ahora más que nunca, pues gracias a la Ley de Participación Ciudadana, las transferencias municipales y la Ley de Acceso a la Información Pública, pueden convertirse en la principal esfera de participación de la ciudadanía para mejorar sus condiciones de vida.

Todos los actores políticos se alistan para esta contienda: el PLC y la ALN arreciaron sus negociaciones para una alianza electoral y así evitar una derrota estrepitosa como la sufrida por el APRE y el PLC en 2004. El Apre no pudo superar al Partido Conservador y perdió abruptamente Granada, plaza conservadora por excelencia; mientras el PLC sufrió todo el desgaste de las denuncias de corrupción contra Arnoldo Alemán, perdiendo la mitad de las alcaldías obtenidas en 2000 (94), pues sólo pudieron obtener 55 en 2004.

En 2004, la gran victoria fue del Frente Sandinista, que duplicó las alcaldías bajo su control, pasando de 55 en el año 2000, a un total de 84, con la ventaja de conseguir 14 de las 17 cabeceras departamentales del país, por lo que estos comicios serán una especie de referéndum del trabajo que hayan hecho a lo largo de estos cuatro años. En este sentido cuentan con la alcaldía exitosa de Estelí, considerada la mejor del país, pero asimismo tienen en su haber alcaldías estrepitosas como la de Ticuantepe --donde el alcalde fue destituido-- y la de Tola, cuya alcaldesa fue señalada de tener intereses, a través de su esposo, en un conflicto de propiedad con inversionistas extranjeros, que derivó en una denuncia de extorsión. Ticuantepe está llamada a convertirse en una plaza fuerte, debido a su vertiginoso desarrollo urbanístico.

Otras alcaldías con problemas de corrupción fueron Granada, Chinandega y Jalapa

Ventajas y desventajas
El FSLN entra a esta contienda con otras dos ventajas: está en el poder y cuenta con el presupuesto del gobierno para hacer un fuerte trabajo político a su favor mediante obras de progreso. Asimismo, posee con una importante infusión de petrodólares vía Albanisa, que será un factor poderoso para llevar beneficios a las localidades. De igual modo, el gobierno implementa el Programa Hambre Cero, que podría tener buen impacto en las comunidades, al igual que cuenta con la influencia de radios comunitarias, estaciones de televisión; locales y nacionales, para pastorear al electorado.

Dos ventajas podrían tener a su favor los partidos de derecha: una alianza electoral que les permite evitar la división --fuente de sus derrotas en las presidenciales de 2006 y en las municipales de 2004-- y convertir los comicios en referéndum sandinismo versus antisandinismo, movilizando a la mayor parte de la ciudadanía a que acuda a votar, pues en 2004 más de un millón de nicaragüenses se abstuvo de ejercer este derecho ciudadano, provocando que la abstención alcanzara el 51 por ciento.

Otra prueba determinante la sufrirá el Poder Electoral, pues 2004 fue el año del ratón loco, el ardid para evitar que miles pudiesen votar, y hubo graves irregularidades en Granada y Santo Tomás, Chontales, que incluso cobró la vida de la joven periodista María José Bravo (q.e.p.d.) a manos del cacique político del PLC en El Ayote.

El MRS
¿Qué opciones tendrá el MRS? Managua es una plaza donde tienen buenas probabilidades para hacer sentir su liderazgo, así como en algunas cabeceras claves o municipios simbólicos, como Jinotepe, cuna de Herty Lewites (q.e.p.d.). Estos comicios también son la oportunidad para ALN de ganar alcaldías, pues no cuenta con ninguna, pero tendrá el desafío de no ser subsumida por el PLC. El que gane Managua tendrá una gran ventaja a su favor de cara a postulaciones presidenciales.

En 2004, Managua la ganó el FSLN, que cuenta con una excelente labor del alcalde Dionisio Marenco, pero con la desventaja de que ha representado el descontento de miles de sandinistas que se ven excluidos por el gobierno de “Unidad y Reconciliación Nacional”. En todos los distritos de Managua ganó el FSLN, fundamentalmente, gracias a los votos que el APRE restó al PLC. ¿Noqueará Alexis?...¿O será noqueado? ¿Cómo reaccionará Evert Cárcamo una vez le cierren las puertas de la Alcaldía definitivamente?

Ejecutivo versus Legislativo
Este año también habrá batallas políticas cruciales en el parlamento. La primera de ellas será la de hacer valer su poder constitucional y su derecho a legislar libre de presiones y chantajes por parte del Ejecutivo, por la vía del Poder Judicial.

En este sentido, establecer si hay control previo a los actos legislativos o no lo hay, --tal como lo dice con claridad la Carta Magna--, será esencial para que el Legislativo recobre su independencia política.

Si bien la Constitución, nacida hace 21 años, en 1987, es de corte presidencialista, pues en aquel entonces fue pensada para dar facultades omnímodas al presidente Daniel Ortega, quien podía legislar en materia de impuestos, origen de los funestos lunes negros; las reformas constitucionales de 1995 dieron un mayor balance de poderes, otorgando mayores facultades al Legislativo, como la aprobación de la Ley Anual de Presupuesto, los créditos internacionales, los nombramientos del Poder Judicial, la Contraloría y el Poder Electoral, y la responsabilidad exclusiva para legislar en materia de impuestos.

De modo que el sistema político nicaragüense podría definirse como un régimen presidencialista atenuado, donde se vuelve clave la correlación de fuerzas que existan en la Asamblea Nacional. Por ejemplo, Violeta Barrios de Chamorro perdió el control de la Asamblea cuando perdió el apoyo de la UNO; Arnoldo Alemán Lacayo gobernó con amplia mayoría legislativa, no así Enrique Bolaños, quien también perdió el apoyo de la bancada del PLC, quedando su gobierno en una condición precaria. En 2007, el Ejecutivo prorrogó la Ley Marco en 2007, con el apoyo de la ALN y aprobó el presupuesto de 2007 con el apoyo del PLC, pero ahora se ha enemistado con las fuerzas en la Asamblea, a pesar de que Ortega se ha declarado un “subordinado” al parlamento y ha hecho profesión de fe del parlamentarismo.

Después de la batalla del control previo de los actos legislativos, viene la batalla por el presupuesto de 2008, de claro corte electoral, por lo que todos los partidos procurarán restarle capacidad a Ortega de que lo manipule a su favor. Sin embargo, este presupuesto está en jaque porque la comunidad cooperante ya anunció que no desembolsarán un centavo de cincuenta millones de dólares si éste no es aprobado por el parlamento.

Posibles escenarios
Inmediatamente se abrirá la lucha por la puesta en vigencia de la Ley Marco y la negociación de jugosos cargos del Instituto de la Propiedad, la Superintendencia de Servicios Públicos y la ratificación de ministros y embajadores de gobierno. Y como corolario de un primer trimestre que será agitadísimo e intenso, estará la negociación de ocho magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Clave para la resolución de estas batallas será el peso del PLC en la CSJ, lo cual le coloca en mejor ventaja para obtener arreglos políticos con el FSLN. Los posibles escenarios dependen de las siguientes fórmulas: 1) Un arreglo PLC-FSLN; 2) Un amarre PLC-ALN-MRS-Diputados sin bancadas; 3) Un pacto FSLN-PLC-ALN. O se darán todas las fórmulas anteriores, en dependencia de lo que se negocie.

La amnistía
Enero también será un mes candente para negociar la amnistía a favor de Arnoldo Alemán y de Eduardo Montealegre, algo que el PLC considera estratégico para no seguir en desventaja frente al FSLN, así como para rehabilitarlo políticamente. Mientras tanto, el PLC aprieta a Montealegre por medio de la Fiscalía para convencerlo de que él también necesita una amnistía por el caso de los Cenis.

Finalmente, éste será el año de la lucha por las calles y por el control de la sociedad civil organizada. Será el año en el que los CPC tomen forma en la vida real, más allá de los discursos retóricos e intimidatorios. Finalmente, será el año en el que la Policía y el Ejército tendrán que demostrar que no están dispuestos a ceder en la institucionalidad democrática ganada.