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Representantes de diversas Organizaciones No Gubernamentales expresaron ayer ante los miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional su preocupación por el manual que el gobierno pretende aplicarles con el fin de restringir la cooperación a sus pares nacionales.

“El procedimiento para una ventanilla única; si bien se habla de las organizaciones internacionales, todo lo que está planteado en el manual tiene una implicación directa sobre las ONG nacionales”, expresó Ana Quirós, Directora del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud, Cisas, quien participó del encuentro.

A juicio de Quirós, con el manual el gobierno pretende limitar los derechos de asociación consignados en la Constitución, por un lado; y por el otro, “hay una clara extralimitación de funciones del Ministerio de Gobernación y el Ministerio de Relaciones Exteriores, algo que ya sucedió con este gobierno, y no se hizo nada con el decreto 78-2008, de reforma anual al Presupuesto General de la República”.

Atropellos constitucionales

El manual establece que “la cooperación técnica y financiera proveniente de otorgamientos internacionales se realizará a través de organismos y grupos legalmente constituidos y registrados en los órganos competentes”. Quirós considera que esta disposición viola los derechos constitucionales de los ciudadanos y, particularmente, el artículo 5 y 32 de la Constitución que establecen que los ciudadanos y ciudadanas “no estamos obligados a hacer lo que la ley no nos mande”.

Además, Quirós dijo que viola los artículos 49, 50 y 51 de la Constitución en los que se señalan los derechos de los ciudadanos a organizarse en la forma en que lo consideren conveniente y para los fines que se consideren convenientes, sin limitaciones de ningún tipo, más que los que se establezcan por ley.

“Nos parece preocupante que el manual comience a calificar cuáles son los ámbitos que puedan financiar los organismos internacionales con relación a los partidos políticos y las actividades partidarias”, expresó Quirós.

Agregó que esa disposición del documento lesiona los derechos políticos de los nicaragüenses, también consignados en la Carta Magna.

“La Ley Electoral establece claramente para cuáles ámbitos puede haber financiamiento externo, que son en asesoría técnica y capacitación, no establece ninguna disposición más allá de eso para que se limite el financiamiento a los partidos políticos”, dijo Quirós.

Con el manual, señaló Quirós, el Ejecutivo pretende legislar, una facultad que no tiene conforme con la Constitución.

En el encuentro con los diputados participaron, entre otros, el Instituto para el Desarrollo y la Democracia, Ipade; Grupo Cívico Ética y Transparencia y el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, Ieepp.