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Con la aprobación ayer de la Ley de Desarrollo de Zonas Costeras se terminan casi cuatro años de polémica legislativa, cuyos ejes centrales eran la demarcación de las playas públicas y el respeto a la propiedad privada “legalmente adquirida”.

Por unanimidad, la nueva legislación establece en su artículo 19 -–reformado por consenso-- que “la zona costera marítima de uso público es el área descubierta entre la bajamar y la pleamar, más 50 metros de la marca de marea máxima promedio hacia tierra firme...”.

Esta disposición es la que más “pesar” causó entre los representantes del Consejo Superior de la Empresa Privada, Cosep, principalmente en su presidente, José Adán Aguerri, quien se consoló señalando que “al menos logramos dejar establecido que en esa área no se pueden poner caramancheles”.

Aguirre defendía a capa y espada la posición de los propietarios privados e inversionistas nacionales y extranjeros, quienes pretendían dejar un área de acceso público en la playa de apenas 30 metros.

Respeto a lo adquirido

En el mismo artículo 19 se dejó claro que “en esta zona (de 50 metros) se respetan los derechos legalmente adquiridos, así como las constancias de uso de suelo y las autorizaciones de estudio de impacto ambiental, concedidas antes de la entrada en vigencia de la presente ley”.

El anterior era otro aspecto que preocupaba a los propietarios privados e inversionistas del sector turístico.

En el artículo 63 (reformado) se establece que “esta ley no afecta, ni restringe los derechos legalmente adquiridos de propiedad y posesión antes de la entrada en vigencia de ella. Promueve la seguridad jurídica de la inversión, tenencia, uso, goce y usufructo; así como las transacciones y el tráfico inmobiliario que el ordenamiento jurídico nacional garantiza, en base al mandato constitucional del artículo 44”.

Ley con supremacía

En el segundo párrafo del artículo se señala que “en cuanto al dominio y uso de las zonas costeras referidas en esta ley, en especial la demarcación del área de uso público, esta ley es la que debe aplicarse. Cualquier otra disposición anterior que se le oponga o contradiga, queda sin efecto en su aplicación”.

Las disposiciones anteriores eran una exigencia del sector privado, pues temía que la Ley de Desarrollo de Zonas Costeras hiciera alusión a la Ley Agraria de 1917, la cual establece en su artículo dos un área de acceso público a las costas de dos kilómetros.

Al respecto, algunos diputados del Frente Sandinista comentaron que la ley deja claro que se respetan los derechos adquiridos sobre las tierras cercanas a las costas, no de las costas propiamente dicho y mucho menos del área de playa.