Leoncio Vanegas
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OCOTAL, NUEVA SEGOVIA

“Ningún alcalde o alcaldesa está facultado o autorizado a desalojar vendedores ambulantes, vendedores o trabajadores de la calle, o a exigir a las locatarias de los mercados ubicación forzada en puntos que no han sido antes acordados con ellas”, ordenó Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía para el Desarrollo y Bienestar Social del gobierno, según la publicación digital oficialista El 19, en su edición del 29 de mayo.

El ordeno de Murillo violenta la autonomía municipal consignada en el arto. 177 de la Constitución Política, y más específica en la Ley de Municipios en parte de su arto. 2, que señala que los gobiernos locales gozan de autonomía para “cualquier materia que incida en el desarrollo socioeconómico de la circunscripción territorial de cada municipio”, y cualquier función que pueda ser cumplida de manera eficiente dentro de su jurisdicción o que requiera para su cumplimiento de una relación estrecha con su propia comunidad.

También contra la Policía

La determinación presidencial también impide a la Policía de Tránsito regular las vías urbanas para facilitar el fluido vehicular, como se lo faculta la Ley 431.

También deja sin efecto, tal es el caso de Ocotal, de la Ordenanza de Desarrollo Urbano, elaborada con participación ciudadana, y que también regula las construcciones y nuevos asentamientos humanos.

La Primera Dama llama a estos instrumentos jurídicos “obstáculos legalistas o pretender afanes ‘modernistas’ que la pobreza extrema, impuesta por el neoliberalismo en Nicaragua, no permite siquiera concebir”.