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Si de carreras se tratara, tal parece que una tortuga tendría más probabilidades de triunfo que el Ministerio Público, esto si consideramos que en tres años no ha pasado del papel en que fue escrita la denuncia interpuesta contra el presidente Daniel Ortega, para que responda por crímenes de lesa humanidad en contra de indígenas miskitos.

Al salir de las instalaciones de la Fiscalía, así prácticamente lo dejó consignado una delegación de miskitos, compuesta por Ligia Zamora, Irma Willinton y Vidal Poveda, que en compañía de representantes de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, solicitó los avances del caso a la institución estatal encargada de perseguir el crimen, sin embargo, les dijeron que no se había investigado por supuesta falta de fondos.

Según Poveda y la señora Zamora, aún no olvidan su sufrimiento ante la muerte ocurrida a familiares y amistades cuando a inicios de los años ochenta, tropas del entonces Ejército Popular Sandinista llegaron a Leimus, comunidad de las riberas del río Coco, ubicado en la Región Autónoma Atlántico Norte.

Tres años esperando

Zamora dijo que no puede ser que en tres años no hayan hecho nada y exigió que se haga justicia. “Lo que más recuerdo es el sufrimiento de mi mamá cuando mataron a mis hermanos. Tiene que haber justicia en este país y no puede quedar así”, añadió.

Por su parte, Vidal menciona que llegó al Ministerio Público en representación de las 37 personas masacradas en Leimus, entre ellos su hermano mayor.

“Desde 1982 estoy buscando justicia y nuevamente vine a hablar directamente con el fiscal general, doctor Julio Centeno Gómez; he gastado mucho dinero en varios viajes por este caso, y se supone que es el trabajo de la Fiscalía, hacer las investigaciones”, expresó a través de su traductor, sintiéndose desilusionado por el congelamiento del caso y que fueran solamente atendidos por el asistente del fiscal general, Aníbal Matus.

Marcos Carmona dijo estar sorprendido porque ni siquiera se ha realizado la entrevista con las víctimas, y recordó que en 1982, la comunidad miskita fue afectada por el operativo militar conocido como “Navidad Roja”, cuando el Ejército Popular Sandinista, EPS, sacó de las orillas del río Coco a más de 8 mil 500 indígenas para reconcentrarlos en varios campamentos con el objetivo de evitar que fueran base social de la Resistencia Nicaragüense. Las personas que se negaron a dejar sus tierras fueron asesinadas, según la denuncia.