Jorge Eduardo Arellano
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¿Se supeditará el presidente Daniel Ortega al Poder Legislativo? La entrada en vigencia de cinco leyes, dos de rango constitucional y tres de categoría ordinaria, aprobadas entre noviembre de 2004 y enero de 2005, podrían dejar a Ortega bajo el amparo del Parlamento, la gran pregunta es ¿logrará la oposición darle ese golpe al mandatario?
Cuando Enrique Bolaños gobernaba el país con un apoyo escuálido en la Asamblea Nacional, el Frente Sandinista propugnaba porque el primer Poder del Estado limitara el poder del Ejecutivo, pero cuando este partido político ganó las elecciones el panorama cambió. Con las reformas pretendían darle más atribuciones al Parlamento.

“Cualquier gobierno que gane, la idea es que trabaje en armonía de poderes como manda la Constitución. Ahora la ley crea el mecanismo que asegura esa armonía”, declaró a los medios de comunicación el entonces diputado Bayardo Arce sobre la ratificación de funcionarios con un 60% de los votos.

Si bien, las reformas constitucionales son un arma de doble filo con la que el partido de gobierno ahora tiene que lidiar, pues el Parlamento tendría que ratificar a los embajadores, ministros, directores de entes autónomos y presidentes de las empresas del Estado. Además, con el voto favorable del 60% de los legisladores podrían destituir a los funcionarios de Ortega. En otras palabras, si las reformas constitucionales estuviesen en vigencia, Ruth Selma Herrera sería historia.

¿Qué cambios habría?
La Ley Marco que suspendió la entrada en vigencia de las reformas durante dos años y que dejará de funcionar este 20 de enero, permitió superar la profunda crisis institucional que hubo cuando se aprobaron las reformas en el mandato de Bolaños, quien calificó los cambios a la Constitución como un “golpe de Estado técnico”.

En esa época Bolaños solicitó la intervención de la Organización de Estados Americanos (OEA) y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Estos cambios sustanciales restarían poder al presidente de la República en las instituciones que regulan los servicios básicos: agua, energía y telecomunicaciones, ya que las reformas reformarían los institutos que actualmente existen.

Se crearía la Superintendencia de Servicios Públicos (Sipep), el Instituto de la Propiedad Urbana y Rural y las reformas a la Ley del Seguro Social