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Este próximo 10 de enero el presidente Daniel Ortega solicitará el respaldo de los diputados para aprobar su propuesta de “Ley especial para el uso responsable del servicio público básico de energía”, pero su intención rebotará en un muro de contención, “pues no la vamos a dejar pasar”, prometió el primer secretario del Parlamento, Wilfredo Navarro Moreira.

EL NUEVO DIARIO conoció que varios diputados de la bancada sandinista iniciaron un proceso de cabildeo a favor de este anteproyecto que envió Ortega a la Asamblea Nacional el pasado 5 de diciembre, cuando declaró que la crisis energética “es asunto de seguridad nacional”.

Navarro dijo que hasta ahora nadie ha buscado su apoyo para aprobar “este documento hipócrita y mentiroso de Ortega, pero que tampoco lo busquen, porque no lo vamos a dejar”

El legislador rechazó apoyar esa ley, especialmente porque se pretende encarcelar a todos los dirigentes y miembros de las organizaciones civiles por ejercer su derecho a la protesta –dijo-- ya que son ellos los únicos que protestan contra las arbitrariedades cometidas por las empresas del sector energético.

“Vamos a estar atentos de lo que diga en su informe Ortega, pero que no se le ocurra pedir apoyo”.

Documento de la Red
Este mismo rechazo se expresará en un documento que preparan los miembros de la Red Nacional de Defensa de los Consumidores (RNDC), donde analizan cada detalle de la mencionada propuesta, dijo Gonzalo Salgado, coordinador de esta organización.

Desde la misma exposición de motivos a la Asamblea, según Salgado, esta propuesta es deficiente porque deja en evidencia que se necesita un marco legal y regulatorio que permita autosuficiencia y desarrollo a la distribuidora de energía (Fenosa), algo que ya se contempla en cinco leyes aprobadas.

Además, lo presentan como el instrumento legal que permitirá llevar a los tribunales a potenciales clientes y usuarios que atenten contra la estabilidad financiera y la Ley de Estabilidad Energética.

Salgado subrayó que este anteproyecto conceptualiza y contradice términos ya contenidos en otras leyes, como la Energía no registrada (ENR) o la evidente violación del Código Civil, ya que tratan de habilitar a las personas menores de 21 años y mayores de 18 para figurar como representantes de clientes o consumidores.

Las malas intenciones
Destaca también que en esa ley se le faculta a la empresa a suspender el servicio por 15 ó 30 días, a su criterio, o de forma definitiva cuando se sospeche el uso ilegal de energía, aunque esta decisión podría ser revocada por el ente regulador.

“El colmo es que se le faculta a Fenosa a cobrar hasta 12 meses en concepto de energía sustraída o no registrada, y las leyes vigentes sólo permiten el cobro de tres meses”, agregó Salgado.

Los miembros de la red de consumidores también esperan iniciar un proceso de cabildeo en la Asamblea, “para desmenuzar todas las malas intenciones del gobierno en contra de los consumidores”, dijeron.