Leyla Jarquín
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El director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, Bayardo Izabá, evocó el artículo 32 de la Constitución Política, referido a que “ninguna persona nicaragüense está obligada a hacer lo que la ley no mande, ni impedida de hacer lo que ella no prohíbe”, para argumentar que los diputados Eduardo Montealegre y Noel Ramírez no deben atender el llamado del juez Julio César Arias para asistir a un juicio de audiencia por el caso de los Certificados Negociables de Inversión, Cenis.

Según Izabá, Arias no debió llamar a juicio de audiencia a Montealegre y Ramírez porque además de que éstos gozan de inmunidad, el artículo 52 del Código Procesal Penal sobre los obstáculos de una acción penal, manda al juez a proceder conforme la ley en los casos que el acusado sea un funcionario público que goce de dicha condición jurídica.

En este caso, explicó Izabá, el juez debió solicitar y esperar la desaforación de los acusados, de acuerdo con el artículo 139 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y al 130 de la Constitución, el cual establece que sin la privación de inmunidad los funcionarios públicos no podrán ser detenidos ni procesados, excepto en causas relativas a los derechos de familia y laborales.

Debió haber antejuicio

El director jurídico del Cenidh señaló que tendría que haber un antejuicio, de acuerdo con lo que establece el artículo 251 del Código Procesal Penal, el cual reza:
“Cuando la acción penal dependa de un procedimiento previo de privación de inmunidad, el Ministerio Público no podrá realizar actos que impliquen una persecución penal. Sólo practicará los de investigación necesarios para asegurar los elementos de prueba. Concluida la investigación esencial, el Ministerio Público presentará la acusación ante el juez competente y pedirá a éste solicitar la tramitación de la desaforación ante la autoridad que corresponda”.

O sea que, según Izabá, el juez debió haber esperado la desaforación de los diputados para llamarlos a un juicio de audiencia.

Además refirió que “el juez se debe de limitar a lo que le manda la Constitución y la ley”, más cuando la inmunidad de Montealegre y Ramírez es un “hecho notorio”.