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En ocasión del tema de los Certificados Negociables de Inversión, Cenis, revivido ayer en el Ministerio Público, la Coordinadora Civil, CC, presentó un diagnóstico en el que concluye, entre otras cosas, que todos los miembros del Consejo Directivo del Banco Central que se desempeñaban durante la reclasificación de los Cenis en 2002, incluido Eduardo Montealegre, son los responsables de esta deuda interna de Nicaragua.

El economista Adolfo Acevedo, quien estuvo al frente de la comisión investigadora de la CC, dijo Eduardo Montealegre tiene además otra responsabilidad de la que no se habla: “Él estaba recibiendo dividendos de Bancentro cuando participó en la renegociación de la deuda del banco, eso se llama conflicto de interés”.

Montealegre no es el único ni el principal

Sin embargo, explicó que la particularidad del caso de Montealegre es que “a él no se le va asegurar un juicio justo, por el comportamiento político del gobierno y el poder que ejerce en el Ministerio Público y en la Corte Suprema de Justicia”.

“Existe el interés manifiesto del propio presidente (Daniel Ortega) de hacer aparecer al señor Eduardo Montealegre como el único y exclusivo responsable”, dijo, y agregó que “cualquiera que haya estudiado este caso puede llegar a la conclusión de que Montealegre no es ni el único ni el principal responsable de este proceso”.

Montealegre “no está entre los que lo planificaron ni lo dirigieron, en todo caso habrá participado, pero evidentemente hubo un enorme daño patrimonial al Estado”, expresó.

¿Qué se hace para reparar daño patrimonial?

El economista considera que lo más importante en este momento es saber qué se ha hecho y qué se está haciendo para que el Estado se recupere de ese daño patrimonial.

“Uno ve que no se adoptó ninguna provisión, ni se ha adoptado ninguna medida para que el Estado puede recuperar nada. Pareciera que el objetivo principal es buscar algunas personas que aparezcan como responsables fundamentales, hacerles pagar delitos penales, pero la operación en su conjunto, que es una operación de fraude para enriquecer a uno, se va a materializar porque los Cenis se siguen pagando. ¿Qué se está haciendo para reparar ese enorme daño patrimonial?”, inquirió.

Acevedo valoró que es a la CSJ a la que le corresponde determinar si todo esto fue legal o no, y luego, “si esta es una operación fraudulenta no se puede seguir pagando con toda tranquilidad”.

El economista también dijo que la responsabilidad recae sobre los empresarios y funcionarios “que se pusieron de acuerdo, planificaron la operación y la dirigieron”.

Un caso de ilegalidad

Por su parte, Georgina Muñoz, miembro de la comisión coordinadora de la CC, dijo que acuerdo con la investigación realizada, de la que resultó el diagnóstico, la CC mantiene su posición de que es un caso de ilegalidad, con muchas irregularidades que se presentaron, donde todavía no hay una exploración a fondo de carácter financiero.

La ex vocera de la CC recordó que las irregularidades más destacadas en este caso son: la reclasificación de la cartera, cuando se vendieron propiedades a precios muy bajos, y también mencionó el hecho de que hubo mucha información en mano de grupos financieros y de algunas elites que tuvieron el privilegio de acceder mucho antes a subastas con precios de valores bastante devaluados.