•  |
  •  |
  • END

El dictamen de ley del Proyecto Hidroeléctrico Tumarín que generará al país 180 megavatios está listo. La buena noticia es que el Estado de Nicaragua será dueño, por derecho propio, del diez por ciento del capital accionario, lo que le da un cargo en la Junta Directiva con derecho a voz y voto. La no muy buena noticia es que el Estado de Nicaragua asumirá los costos en que incurra la empresa desarrolladora del proyecto hidroeléctrico, en caso de que incumpla los contratos de venta de energía en el mercado regional.

Ambos aspectos están contenidos en los artículos 16 y 17 del dictamen que la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos ya presentó ante la Primera Secretaría de la Asamblea Nacional.

El artículo 16 señala que “otorgada la licencia de generación hidroeléctrica para desarrollar el proyecto, transferirá al Estado de la República de Nicaragua, sin costo alguno y como dueño del recurso, como mínimo el diez por ciento del monto total de las acciones que conforman y representan el capital social de la misma. Esta participación accionaria del Estado de la República de Nicaragua será representada por la Empresa Nicaragüense de Electricidad, ENEL”.

Un cargo con voz y voto

Lo anterior otorga al Estado “el derecho de tener al menos un cargo en su Junta Directiva, con derecho a voz y voto, previo a la transferencia antes referida. Otros derechos, privilegios y obligaciones de estas acciones serán convenidas entre el desarrollador y la Empresa Nicaragüense de Electricidad, ENEL”, se lee en el mencionado artículo.

El artículo 17 del dictamen obliga a la empresa desarrolladora del proyecto a “abastecer de forma preferencial la demanda de energía eléctrica para el consumo del mercado de la República de Nicaragua; (pero) podrá vender la energía excedente a otros países de la región, previa autorización del Ministerio de Energía y Minas, MEM”.

El segundo párrafo establece que, una vez abastecido el mercado nacional, la empresa hidroeléctrica “podrá ofertar sus excedentes en el Mercado Eléctrico Regional, MER, de conformidad con las normas establecidas en el reglamento y demás normas vigentes”.

“En los casos de emergencia nacional por desabastecimiento, el desarrollador (la empresa) estará obligado a proveer el ciento por ciento de su generación disponible, si fuere necesario en forma prioritaria y sin excepción, para cubrir la demanda de energía eléctrica nacional requerida para solventar dicha emergencia”, se lee en el segundo párrafo del artículo 17.

Estado asume costos

En la segunda parte del artículo 17 se señala que el Estado de Nicaragua asumirá los costos en caso de incumplimiento de contrato de la venta de energía en el mercado regional.

“Si para hacer frente a esta demanda con carácter de emergencia, el desarrollador dejare de cumplir sus compromisos u obligaciones de carácter contractual de suministro de energía con terceros, se le reconocerá y autorizará por las autoridades competentes, la debida compensación por los costos totales incurridos sobre ese suministro”, se señala en el dictamen.

A renglón seguido se establece que el Estado también asume las sanciones por incumplimiento de contrato. “La compensación aquí establecida deberá ser en igualdad de condiciones económicas en correspondencia a los costos incurridos, debiendo cubrir las penalidades en que pudiese incurrir el desarrollador por los incumplimientos de entrega de energía con terceros, de acuerdo a sus compromisos contraídos en contratos de suministro vigentes”, se lee en el artículo 17 del dictamen.