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Las instituciones nicaragüenses padecen de un grave problema de credibilidad provocado por la influencia partidaria. Hay entes con poca credibilidad, pero hay otros que la han perdido completamente. El Consejo Supremo Electoral (CSE) es ejemplo del último caso.

El Informe Sistema Nacional de Integridad que cada año elabora la organización no gubernamental Transparencia Internacional, sostiene que la influencia político-partidaria en dos órganos fundamentales como el judicial y el electoral, constituye un grave problema para el país.

“La pérdida de la institucionalidad es casi absoluta”, asegura el director ejecutivo del organismo de observación electoral Ética y Transparencia, Roberto Courtney, refiriéndose a las consecuencias que sobre el CSE tuvieron las elecciones municipales del año pasado.

Pero no sólo el Consejo Supremo Electoral pasa por una crisis de institucionalidad y de desconfianza. La Fiscalía, la Contraloría General de la República y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) atraviesan por el mismo problema.

“La justicia es el punto más débil de la institucionalidad democrática en Nicaragua, pues el Poder Judicial es directamente influenciado por el pacto”, agrega el informe de Transparencia Internacional.

“Las leyes como tales son buenas, son los seres humanos quienes las manipulan, en determinados casos por intereses personales y en otros por intereses partidarios”, explica Alberto Novoa, Procurador General de la República durante la Administración del ex presidente Enrique Bolaños, quien vio específicamente la acusación contra el antecesor de Bolaños, Arnoldo Alemán, acusado por defraudación al Estado y otros delitos.

A criterio de Novoa, la institucionalidad ha decaído desde que a raíz del pacto entre el Frente Sandinista y el Partido Liberal Constitucionalista, PLC, ambos partidos políticos dispusieron quiénes liderarían los distintos poderes del Estado.

“Cuando un Estado se partidiza se pierde imparcialidad, entonces, este Estado sólo puede atender a un sector de la población”, considera Novoa.

Nicaragua ocupa uno de los niveles más altos de corrupción en América Latina. La falta de institucionalidad fomenta la corrupción, según el índice de percepción publicado por Transparency International 2008, que ubica al país en el lugar 134 de 183 naciones evaluadas.

El “pacto”

En 1999, el entonces presidente Arnoldo Alemán y el ahora presidente y secretario general del Frente Sandinista, Daniel Ortega, hicieron un acuerdo político, el llamado “pacto”, que derivó en la reforma constitucional de ese mismo año y que estableció, entre otras cosas, que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia pasaban de 12 a 16; los del Consejo Supremo Electoral de cinco a siete; y que la Contraloría General de la República se convertiría en un órgano colegiado compuesto por cinco contralores.

En todos los entes antes mencionados hay un acuerdo de alternancia en la presidencia, que puede variar de acuerdo con nuevos pactos. Así es que la Corte Suprema de Justicia es presidida por un magistrado liberal que hace poco fue reelecto en el cargo con la venia de los magistrados del Frente Sandinista, partido que en este caso ocupa la vicepresidencia.

Este “fenómeno”, explica el jurista Cairo Manuel López, “es parte de la intervención político-partidaria en los distintos entes del Estado, que ha hecho que las distintas resoluciones estén cargadas de elementos políticos que hacen perder la credibilidad”.

López agrega que éste “es un fenómeno casi recurrente en Nicaragua, y se ha dado a raíz de las tensiones políticas del país, lo que a la larga es una incitación para que los nicaragüenses seamos capaces de buscarle entre todos una salida a los problemas políticos”.

Caso uno: la Controlaría

Una de las muestras de la falta de institucionalidad en entes como la Contraloría General de la República es que no cumple con sus funciones básicas, entre ellas, velar para que se respete la cosa pública.

El ex alcalde de Chinandega, Julio Velásquez Bustamante, se amparó antes de que los contralores emitieran una resolución estableciéndole presunción de responsabilidad civil, penal y administrativa.

De acuerdo con los informes de auditoría, Julio Velásquez malversó fondos mientras ejerció el cargo en el período municipal anterior, y se apropió ilícitamente de dos millones de córdobas de la alcaldía chinandegana.

Cuando el presidente de la Contraloría, Guillermo Argüello Poessy, fue notificado del amparo, dijo que mejor era cerrar el ente fiscalizador, pues desde ahora cualquier funcionario o ex funcionario a quien los contralores quisieran mediante pruebas, establecerle responsabilidad alguna, iba a ampararse.

El informe 2008 de Transparencia Internacional contiene que “la utilización del Recurso de Amparo por parte de funcionarios para evadir investigaciones y resoluciones por parte de los órganos de control, es ya un exceso de inmunidad”.

Dicho informe no ve de lado el papel de la Corte Suprema de Justicia, pues señala que lo peor del caso es que luego de aceptar el recuso de amparo, congelando el trámite y funcionamiento básico de los órganos de control, el sistema judicial no cumple con los plazos establecidos para tratar el fondo del asunto y de esa forma garantizar tanto el debido proceso, como el cumplimiento de la ley y dar paso a la aplicación de sanciones administrativas, así como a los enjuiciamientos civiles y penales”

Pero días más tarde, los contralores dieron mayores muestras de que el ente fiscalizador está en decadencia. El presidente Daniel Ortega recibió como donación al Estado 130 buses rusos que serán vendidos a los transportistas a través de la cooperativa de crédito ligada al Frente Sandinista, Alba Caruna, pero Arguello Poessy, en declaraciones a los medios de comunicación, aseguró que la donación era entre privados y que el Estado no tenía nada que ver.

“Si fue una donación al Estado la debió haber recibido el Ministerio de Hacienda. ¿Por qué Alba Caruna lo está vendiendo? ¿Acaso el Presidente de la República tiene facultades para eso (dárselos a Caruna y que éste forme un fondo semilla)? Las cosas tienen que ser claras”, dijo Argüello Poessy, cuando transportistas y miembros de la oposición cuestionaron que Caruna recibió la donación que le dejará tres millones de dólares de ganancia.

A pesar de que los contralores prometieron que solicitarían información al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, hasta el momento no hay ninguna acción encaminada a aclarar el uso discrecional de la cooperación que dan los países aliados del gobierno, Venezuela y en este caso Rusia.

En la Contraloría “duermen” otras denuncias de opositores al gobierno, como la del concejal por la Alianza Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Luciano García, en la Alcaldía de Managua, quien solicitó que el ente fiscalizador revisara los proyectos inconclusos de la comuna, pues todos los proyectos suman 73 millones 280 mil 712 córdobas, de un paquete de 180 millones que el Concejo aprobó para que se contratasen sin ninguna licitación.

Eso provoca “conmoción social”

“¿A dónde nos lleva la falta de institucionalidad? Al descrédito ante la población, que busca su propio cauce, que en este caso es la conmoción social”, explica Novoa, quien menciona entre los tantos ejemplos de falta de institucionalidad a la Contraloría.

Los contralores tampoco han podido hacer cumplir con una norma básica para ser funcionario del Estado: entregar la declaración de probidad. Uno de los casos más recientes es el del presidente ejecutivo del Instituto Nicaragüense de la Pesca y la Acuicultura (Inpesca), Steadman Fagoth. Según informes periodísticos, Fagoth, además, es señalado de manejos indebidos al frente de Inpesca.

La falta de beligerancia de la institución se debe también a que los contralores no logran ponerse de acuerdo sobre gran parte de los temas, debido a que los intereses partidarios no siempre coinciden.

Así lo revelan algunas declaraciones de Arguello Poessy: “La posición de ellos era que esperáramos la decisión que se va a tomar sobre los buses”, dijo el contralor presidente, justificando por qué no habían solicitado información sobre los buses rusos.

Caso dos: CSE

El caso más emblemático quizá sea el del Consejo Supremo Electoral (CSE), cuyo presidente, el magistrado Roberto Rivas, en declaraciones a un medio de comunicación oficial dijo, refiriéndose a un ex candidato, que ahora sólo le quedaba postularse para arzobispo de Managua.

Si bien este Poder del Estado no gozaba de la mejor reputación, luego de las elecciones municipales de noviembre pasado, prácticamente ha perdido toda la credibilidad. Durante el proceso electoral, la institucionalidad del CSE fue desgastándose, primero, porque aunque los partidos ya habían pasado el proceso de revisión, los magistrados le cancelaron la personalidad jurídica a dos agrupaciones políticas, y luego, porque resolvieron no acreditar a observadores naciones e internacionales de reconocida trayectoria.

Un día después de las elecciones, el 10 de noviembre, los opositores denunciaron un fraude en al menos 40 municipios, y en los principales de ellos, según las denuncias, expulsaron a los fiscales de los centros de cómputos y de las Juntas Receptoras de Votos.

El magistrado del CSE, Luis Benavides, se unió al coro de denuncias, provocando aun más el descrédito del órgano electoral.

Roberto Courtney, de Ética y Transparencia, sostiene que la pérdida de la institucionalidad del CSE es “casi absoluta”, porque “en otro país se hubiese procesado a los responsables”.

El principal problema, explica, es que “hemos puesto en cargos de jueces y árbitros imparciales a los cercanos de los principales partidos, y así es imposible la neutralidad”

“Aquí hemos llevado la situación al extremo, hemos puesto de imparcial a la persona que más ama a su partido”, dice en referencia a los magistrados.

La CSJ

Para Novoa, sólo el hecho “de conformar el Tribunal Supremo desde el punto de vista de las lealtades partidarias hace que la institucionalidad pierda su razón de ser”.

Ante la situación en Nicaragua, Transparencia Internacional recomienda “garantizar a lo inmediato la independencia y equilibrio de los poderes del Estado y la capacidad de los órganos de control”. Agrega que “en la ausencia de un entorno institucional propicio, todos somos menos probos y transparentes”.

En septiembre de 2005, el país se escandalizó al conocer que 609 mil dólares incautados al narcotráfico desaparecieron de una cuenta bancaria de la Corte Suprema de Justicia.

Según informes periodísticos, en este caso se vieron involucrados el presidente de la CSJ, Manuel Martínez, el ex magistrado Rogers Camilo Argüello, y un grupo de abogados, entre quienes destaca Carlos Mario Peña, su hijo Mario Roberto Peña, y el ex juez Moisés Rodríguez. Algunos jueces involucrados fueron destituidos y se les suspendió la licencia a varios abogados.

Luego el dinero fue devuelto al narcotraficante Luis González Largo, condenado a 10 años de prisión por lavado de dinero, y extraditado a Estados Unidos.