Matilde Córdoba
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El presidente Daniel Ortega no recibió a la delegación de Amnistía Internacional que esta semana visitó el país para concluir un informe sobre mortalidad materna, pues Nicaragua fue escogida para lanzar una campaña que reduzca los altos índices de deceso de madres por tener porcentajes alarmantes, agravados en parte por la penalización del aborto terapéutico.

La secretaria general adjunta de Amnistía Internacional, Kate Gilmore, expresó en conferencia de prensa que la delegación que preside sólo fue recibida por el ministro de Salud, Guillermo González, quien negó los altos índices de mortalidad materna, aumentados en gran medida este año.

“Desafortunadamente el gobierno, con excepción del Ministerio de Salud, decidió no reunirse con nosotros. Esto causa mucha pena porque la situación de las mujeres y niñas es bastante preocupante y es obligación del gobierno”, manifestó Gilmore.

La entrevista con Ortega fue solicitada desde hace más de tres semanas, aseguró Gilmore, quien agregó que ese período es el que esta organización establece para comunicar a las autoridades de los países que visitará. Los miembros de la Comisión de la Mujer, Niñez y Familia de la Asamblea Nacional tampoco accedieron a reunirse.

“Si la cabeza de un gobierno y la Comisión de la Mujer no explican ni defienden las políticas y su administración de la ley, causan un riesgo a la salud de la mujer. Esto nos deja con una preocupación y una pregunta: ¿No están en posición de defender lo indefendible?”, dijo Gilmore.

Sistema de salud desastroso

Las consecuencias derivadas de la penalización del aborto terapéutico son un punto medular que el informe de Amnistía Internacional presentará el próximo lunes en México, cuando se iniciará la campaña.

La penalización del aborto terapéutico, a juicio de Gilmore, “hace del embarazo una prisión”. El aborto terapéutico se penalizó durante la campaña electoral de 2006 a pedido de las iglesias católica y evangélica y su criminalización fue reafirmada cuando se aprobó el Código Penal.

“El impacto de esta ley sobre la salud materna es grave... corrompe la ciencia médica”, argumentó Gilmore, quien calificó el sistema de salud como “desastroso” en materia de maternidad.

“Bajo esta ley los doctores tienen miedo de dar correctamente los datos sobre la verdadera situación de la salud materna y mortalidad materna”, agregó la funcionaria del organismo internacional.