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A diez meses de haber entrado en vigencia la Ley de Transparencia, las instituciones y empresas del gobierno incumplen con lo establecido en la legislación, pues ninguna autoridad ha enviado a la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional los informes trimestrales sobre los estados financieros; así como los informes sobre contratos cuyos montos superen los 5 millones de córdobas.

El diputado del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, y miembro de la Comisión Económica del Parlamento, Francisco Aguirre Sacasa, envió “una alerta” acerca de esta situación y señaló que varias instituciones y empresas gubernamentales, incluyendo algunas mixtas –-de capital privado y público--, han realizado contratos que superan los 5 millones de córdobas sin informarlo a la comisión legislativa, tal como lo contempla la Ley de Transparencia.

Petronic y ENEL en la lista

Entre esas empresas, Aguirre Sacasa mencionó a Petronic y a la Empresa Nicaragüense de Electricidad, ENEL, aunque no entró en detalles acerca de los contratos.

El legislador señaló que las instituciones y empresas gubernamentales tampoco están cumpliendo con la disposición de diseñar y poner a disposición del público los sitios web oficiales para que la ciudadanía tenga acceso a toda la información que requiera, sobre todo considerando que, además de la Ley de Transparencia, también están obligados por la Ley de Acceso a la Información Pública.

Amenaza de denuncia

Aguirre Sacasa amenazó con denunciar el hecho ante la Contraloría General de la República, CGR, si al 30 de agosto no tiene en sus manos copia de los informes financieros trimestrales, y de las contrataciones institucionales por montos superiores a 5 millones de córdobas.

“Le he pedido en varias ocasiones al presidente de la Comisión Económica, Wálmaro Gutiérrez, copia de esos documentos, tal como lo establece la Ley de Transparencia, pero no me los ha mandado, (así que) supongo que a él tampoco se los han enviado”, expresó Aguirre.

En el caso de la Contraloría, el diputado liberal cifró sus esperanzas en que cumplirá con lo establecido en la ley y obligue al gobierno a acatarla. Aguirre Sacasa mostró su preocupación de que la Ley de Transparencia se convierta en “papel mojado”, lo cual consideró “muy grave”, pues la legislación fue aprobada de consenso con la bancada oficialista del Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, y el resto de diputados.

La legislación fue una iniciativa de Aguirre Sacasa, impulsada con el fin de lograr la transparencia en el uso y manejo, por parte de Petronic, de los recursos financieros, obtenidos de la cooperación petrolera venezolana, pero la ley terminó convirtiéndose en una disposición para todas las instituciones y empresas del Estado.

Algunos aspectos importantes

La Ley de Transparencia para las Entidades y Empresas del Estado Nicaragüense entró en vigencia el dos de septiembre de 2008, una vez que el presidente del Poder Legislativo, René Núñez Téllez, ordenó su publicación en EL NUEVO DIARIO, pues el presidente de la República, Daniel Ortega, se negó a sancionarla y mandarla a publicar.

La fecha límite para que cada institución y empresa estatal o mixta pusiera en funcionamiento su sitio web era de 60 días posterior a la entrada en vigencia de la Ley de Transparencia. Los 60 días se cumplieron el dos de noviembre de 2008.

Entre las obligaciones establecidas en la ley para las empresas e instituciones estatales, incluyendo las empresas mixtas, se señalan la de informar trimestralmente a la Comisión Económica de la Asamblea Nacional sobre donaciones no contempladas en el Presupuesto General de la República; el suministro, actualización y contenido de las páginas web; información en las páginas web sobre programas, proyectos y contratos mercantiles y civiles.