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Nicaragua solicitó al líder indígena peruano Alberto Pizango, asilado en Managua, que evite formular declaraciones sobre la política interna de Perú, tal como lo exigió el canciller del país suramericano, José García Belaunde.

Así lo confirmó ayer el embajador de Nicaragua en Lima, Tomás Borge, al responder la queja de la Cancillería peruana sobre el activismo político que supuestamente Pizango desarrolla en Managua.

“Ya se le hizo el pedido y él está de acuerdo”, expresó Borge, quien agregó que “el que se asila tiene que respetar ciertas reglas”.

El reclamo de Lima se produjo la semana pasada luego de que Pizango hiciera declaraciones sobre la política interna del gobierno de Alan García, por lo que García Belaunde demandó en esa ocasión que el líder indígena se abstuviera de expresar opiniones sobre la gestión del mandatario peruano. También ha aparecido inaugurando obras promovidas por el FISE.

En consecuencia, el gobierno del presidente Daniel Ortega trasladó ese pedido a Pizango la semana pasada y lo instó a respetar las reglas internacionales del derecho de asilo, según informó Borge.

El caso Pizango

Sin embargo, Borge aclaró que no le retirarán el asilo a Pizango, quien en declaraciones al oficialista Canal 4 aseguró que hay “una segunda colonización” de la selva peruana a manos de empresas extranjeras.

El líder indígena recibió el pasado ocho de junio asilo político de parte del gobierno nicaragüense y se encuentra en el país desde el 17 de junio.

El gobierno peruano acusa a Pizango de ser el promotor del enfrentamiento ocurrido el cinco y seis de junio en la provincia amazónica de Bagua entre policías e indígenas que dejó un saldo oficial de 34 muertos. No obstante, el gobierno de Nicaragua considera que es “un perseguido político” de la administración de Alan García.

Los delitos de los que se acusa a Pizango y por los que rige en su contra una orden de búsqueda y captura de la Fiscalía de Lima son los de sedición y homicidio calificado y ataque a las Fuerzas Armadas, cargos por los que podría ser condenado a hasta 35 años de cárcel, según juristas peruanos.