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El próximo año culminan los períodos de más de 30 funcionarios del Estado, entre magistrados, contralores y fiscales. Esto supondrá un nuevo arreglo político para su elección, en el contexto de una campaña desde el Frente Sandinista y el presidente Daniel Ortega por lograr la reelección presidencial. Un nuevo pacto de repartición de cargos se avizora a la usanza de 2000 y de los años subsiguientes con reformas a la Constitución. La alternativa sería un pacto de gobernabilidad o un nuevo pacto social, como eufemismos.

La idea sería lograr un acuerdo que cree o que edifique instituciones en torno a la justicia, el Consejo Supremo Electoral, la Contraloría y la Fiscalía, algo que según el vicepresidente del movimiento Vamos con Eduardo, VCE, Eliseo Núñez Morales, lo ideal sería que esté por encima de cualquier funcionario, quien deberá estar obligado a someterse a las reglas que se han logrado de consenso.

Esta negociación que incluye evidentemente al FSLN debería extenderse a todas las fuerzas políticas es un pacto a profundidad que encauce al país a largo plazo, es decir, consensuar un plan nacional de desarrollo, en torno a temas torales como la educación, la salud y la institucionalidad del país.

Filtro para magistrados

Para ello, Núñez Morales propone un cambio en la selección de los magistrados y que se haga un mejor filtro para que éstos no respondan partidariamente, sino a toda la sociedad nicaragüense.

Pero en el escenario real, el PLC bien puede elegir los magistrados con el FSLN sin que por esta vez se logre cambiar la modalidad de elección. El PLC lo ha dejado claro de manos de su caudillo Arnoldo Alemán, quien asegura que no perderán espacios.

Por otra parte, el diputado del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, José Pallais, considera que un pacto de esa magnitud debe incluir tres aspectos que harían viable al país.

Reforma tributaria

El primero sería un cambio en el sistema de justicia, relacionado con la elección de los magistrados. Pero asegura que el problema no es la institución, pues se podrían instaurar las mejores leyes, y el buen juicio siempre estará en dependencia de las personas que ahí lleguen. Pallais es más optimista, y asegura que hay ejemplos positivos, y mencionó hasta magistrados del somocismo, del gobierno sandinista y en la década de los noventa, lo que según él evidencia que ha habido buenos magistrados.

Otro punto es fortalecer el seguro social, previendo que dentro de 20 años no habrá dinero para los jubilados. Y tercero, una reforma tributaria que haga posible las inversiones sociales, y que quienes ganen más, paguen más.

Pallais no cree que refundar el país y establecer un nuevo pacto social sea la solución, pues asegura que los cambios deben ser graduales. En ese sentido, también defendió las reformas de 2000, cuando el FSLN y el PLC se repartieron los cargos e hicieron reformas al sistema electoral a la medida de ambos partidos. Según él, fue bueno, y no importa si lo llaman pacto prebendario, pues considera que logró gobernabilidad ante las turbas orteguistas que asediaban las calles.

Pero Núñez Morales señala que esa gobernabilidad se hubiese logrado con un acuerdo con el FSLN, que le permitiera a ese partido tener el peso real de acuerdo con los resultados electorales.

Tampoco el FSLN tiene 56 votos
Núñez Morales es de los que piensan que el próximo año, si bien la oposición no tiene los 56 votos para elegirlos, tampoco los tiene el gobierno. Y que una forma de presionar sería no elegir autoridades hasta que haya un acuerdo de nación que permita una selección más adecuada de esos funcionarios.

A Pallais esa propuesta le causa repulsión, y asegura que es una novatada política, un “naif”, pues considera que al único que le convendría una crisis es al mismo FSLN, que estaría entusiasmado en aplicar su democracia directa sacando las turbas a las calles y haciendo su gobierno a su gusto. A la vez, acusaría a la oposición de no querer gobernabilidad en el país.

Hay que cambiar de mentalidad
Por su lado, el representante del Grupo Promotor de las Reformas Electorales, Harry Chávez, señala que la visión legal y política sobre la integración y destitución de los funcionarios públicos debe modificarse totalmente. Sin embargo, advierte que esa modificación pasa necesariamente por una reforma a la Constitución Política, algo que, en las actuales circunstancias, considera muy peligroso.

Según Chávez, los políticos deben cambiar la mentalidad respecto al comportamiento que, según ellos, debe asumir un magistrado; sea del Consejo Supremo Electoral, CSE, de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, u otros funcionarios de cualquier institución, como la Contraloría General de la República, CGR, una vez que son electos en el cargo.

Actualmente, dijo Chávez, los políticos creen y asumen que los funcionarios deben obediencia a las directrices del partido político al que pertenecen, o al que los propuso para el cargo, algo que definitivamente debe cambiar.

Precisamente, en la propuesta de reforma a la Ley Electoral del Grupo Promotor, por ejemplo, se establece que todo aspirante a magistrado no debe militar en partido político alguno y, si lo hace, debe haber cesado en su militancia un año antes de su nominación. Según Chávez, esa misma medida podría aplicarse a otros cargos públicos como la misma Corte Suprema de Justicia y la Contraloría General de la República.

“Desgraciadamente, todos estos cambios pasan por reformas a la Constitución”, reiteró Chávez.

Leyes malinterpretadas

Por otra parte, Chávez asegura que la legislación actual padece de una interpretación errónea de los políticos, en el sentido de que “en derecho las cosas se deshacen como se hacen”.

“Nosotros hemos consultado con constitucionalistas, y esa premisa no es cierta. Las cosas en derecho se hacen y se deshacen como lo dice la ley”, expresó el representante del Grupo Promotor.

Chávez se refiere específicamente al número de votos que se requieren para elegir, por ejemplo, a un magistrado del CSE o de la CSJ. Actualmente, la ley establece que un magistrado es electo con 56 votos favorables en la Asamblea Nacional, en ese sentido, los diputados interpretan que debe destituirse con esa misma cantidad de votos.

Según Chávez, eso puede cambiar, y, aunque los cargos se tengan que nombrar con 56 votos, perfectamente se puede establecer en la ley que para destituirlos solamente se requiera de mayoría simple, es decir, de 47 votos. “Pero para eso se necesita voluntad política”, expresó Chávez, quien insiste en que lo ideal sería la despartidización definitiva de las instituciones.

Otra debilidad, señala, es que no existe un procedimiento para destituir magistrados; mientras que el procedimiento para nombrarlos es muy escueto y no establece mayores restricciones, sobre todo de tipo político-partidarias.

Partidismo impide desarrollo democrático

Para el diputado del Parlamento catalán, Antonio Comín Oliveres, los países requieren de instituciones públicas transparentes y apartidistas que garanticen, entre otras cosas, procesos electorales impecables e imparcialidad en el uso de los recursos públicos.

Sin embargo, señaló que, la partidización de las instituciones públicas impide el desarrollo democrático de un país, pero también expresó que es necesario diferenciar entre una partidización real y una percepción de partidización de estas instituciones.

Según Comín, Nicaragua tiene el reto de establecer “una institucionalidad democrática, transparente, sólida y estable; con reglas del juego en las instituciones políticas que no puedan ser acusadas ni de partidismo, ni de corrupción”.

No obstante, hizo la salvedad de que “no sirve de nada tener instituciones muy transparentes, muy honestas, sólidas y estables, si no se consigue mejorar el nivel de vida concreto y real de los ciudadanos, pero tampoco se puede justificar el partidismo en el uso de las instituciones, que es un problema que también tenemos en Europa”.

“En Europa, la oposición (política) de cualquier país acusa al gobierno de hacer un uso partidista de las instituciones, pero esto es un problema de intensidad; la intensidad con que esto ocurre en Europa es relativamente baja”.

Agregó que otro reto de Nicaragua es tener procesos electorales fuera de toda sospecha. “Pero un sistema democrático sólido también quiere decir tener una oposición que no siembre la sospecha sobre un proceso electoral si no hay motivo”, enfatizó.

“A veces el problema es que puede haber algunas irregularidades en el proceso electoral por parte del gobierno, pero quizá la otra parte del problema es que la oposición quiere señalar irregularidades donde no existen; y a veces el problema es de los dos y esto debilita el sistema”, explicó.

Las fuerzas políticas tendrán en sus manos la decisión y quienes logren juntar 56 votos demostrarán si sólo lo hacen para repartirse los cargos o para consensuar un plan de nación sobre los principales de los muchos problemas que afectan al país.