Eduardo Marenco
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La Corte Suprema de Justicia (CSJ) en pleno, integrada por ocho magistrados sandinistas y ocho magistrados liberales, declaró inconstitucional hoy las leyes creadores de la Superintendencia de Servicios Públicos (Sisep), la Ley del Instituto de la Propiedad Urbana y Rural, la Ley de reforma al Seguro Social y la Ley Marco que suspendía la vigencia de tales leyes.

Al declarar el máximo tribunal la inconstitucionalidad de dichas leyes, el presidente Daniel Ortega no se verá obligado a negociar en la Asamblea Nacional el nombramiento de los titulares de dichas entidades a partir del 20 de enero, cuando se suspendía la vigencia de la Ley Marco.

Sin embargo, el fallo de la CSJ dejó en vigencia las reformas constitucionales que le obligan a solicitar la ratificación de sus ministros y embajadores ante la Asamblea Nacional.

Sí a los CPC
Por otra parte, la Corte también declaró inconstitucional la ley 613 que derogaba la facultad presidencial para crear los Consejos del Poder Ciudadano, CPC, dejando en vigencia a los CPC, pero sin acceso a recursos públicos.

El presidente de la República, Daniel Ortega, leyó la resolución judicial hoy en el hemiciclo legislativo al darse por notificado del fallo de la Corte Suprema de Justicia, y al asistir para rendir informe de su gestión de gobierno, aunque no entró en mayores detalles en este aspecto.

Las leyes declaradas inconstitucional son las siguientes: Ley 511 creadora de la Sisep, la Ley 512 creadora del Instituto de la Propiedad Urbana y Rural, la Ley 539 de reforma al seguro social y la Ley 610, Ley Marco para la estabilidad.

Este paquete de leyes fue aprobado en el 2004 y 2005 por el PLC y el FSLN como una manera de restar atribuciones al entonces presidente Enrique Bolaños. Con este fallo de la Corte, Ortega evita que estas leyes le obliguen a negociar estos puestos en el parlamento, pero le queda el mandato de que la Asamblea le ratifique sus ministros y embajadores.

Ortega asistió al parlamento con la ausencia de las bancadas del PLC, ALN y el MRS, haciendo fuertes críticas a la autoridad de la jefe de la Policía Nacional, Aminta Granera, abriendo un nuevo frente en sus luchas institucionales.