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La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, Vilma Núñez de Escorcia, expresó que la propuesta de reforma a la Ley del Colegio de Periodistas para establecer que de forma obligatoria se debe ostentar de una licencia del Colegio para ejercer la profesión, representa una amenaza al derecho de libertad de expresión y viola compromisos internacionales adquiridos por Nicaragua en materia de derechos humanos.

“Constituye una amenaza a la libertad de expresión”, señaló Núñez, al opinar sobre la propuesta presentada por la diputada FSLN y periodista, Martha Marina González.

El artículo seis de la reforma dice que “para ejercer el periodismo será necesario contar con credencial del Colegio de Periodistas de Nicaragua, la que se obtendrá mediante la presentación de los documentos demostrativos contemplados en el artículo 4 de esta Ley (diplomas, constancia de estudiante del último año de la carrera, etc.)”.

Mientras, el segundo párrafo de dicho artículo reza: “Se considera una infracción a esta disposición cuando se ejerza la profesión sin llenar los requisitos establecidos en esta ley, y se considerará como ejercicio ilegal del periodismo, lo cual será sancionado por la autoridad competente, de oficio o a solicitud de parte”.

Viola disposiciones de la CIDH

Para Núñez de Escorcia, la propuesta representa una violación a disposiciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, de la cual es parte Nicaragua. Tales disposiciones, según Núñez, son las conclusiones de la opinión consultiva que realizó la comisión en 1985 sobre la colegiación obligatoria de los periodistas, a petición de Costa Rica.

El documento señala que la corte es de opinión “que la colegiación obligatoria de periodistas, en cuanto impida el acceso de cualquier persona al uso pleno de los medios de comunicación social como vehículo para expresarse o para transmitir información, es incompatible con el artículo 13 de la Convención”.

“Todo lo que la Corte emite es de obligatorio cumplimiento para los Estados partes”, indicó la presidenta del Cenidh, quien agregó que la propuesta es una forma de violación al derecho al trabajo. “Si no te alineás, no tenés derecho a trabajar”, interpretó.

Una forma de represión

Núñez de Escorcia señaló, además, que el gobierno del presidente Daniel Ortega tiene intenciones de controlar el ejercicio del periodismo porque se opone a todo lo que represente críticas a su Administración.

“Los primeros frentes de confrontación de los que él (Ortega) habló fueron los del periodismo”, recordó.

Por tanto, aseguró que “el esfuerzo de esto (propuesta de reforma) es controlar” la profesión y es parte de la represión y del control ciudadano.

Poderoso Comité de Ética

Por otra parte, el periodista y docente universitario Guillermo Cortés Domínguez, indica que “la propuesta a la reforma actual le otorga demasiado poder al Comité de Ética, y esto no debería ser así, porque el comité es un subordinado del Colegio de Periodistas de Nicaragua, CPN, y no es una Junta Directiva independiente”.

Asimismo, expresa que el artículo cuatro de la reforma en la que según se establecen los documentos que un periodista debería ser acreditado y así ejercer su profesión, están “escuetos”, y que fueron abordados de mejor manera en la reforma original presentada el 16 de abril de 2001.