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Ante la opinión pública, la resolución que emitió la Fiscalía en enero de este año para suspender la investigación en contra del Movimiento Autónomo de Mujeres, MAM, y el Centro de Investigaciones de la Comunicación, Cinco, por supuestos delitos de lavado de dinero y asociación ilícita para delinquir, fue la prueba de que la persecución había llegado a su fin.

No obstante, las dirigentes del MAM, Juanita Jiménez y Sofía Montenegro, sostienen que más bien fue la pauta para continuar la represión y el acoso, aunque de otra forma y con poca resonancia en los medios de comunicación oficialistas.

Lo que pasó en el 2008

En septiembre de 2008, el Ministerio de Gobernación, Mingob, anunció una investigación en contra de 17 organizaciones no gubernamentales por supuestamente incurrir en “irregularidades”.

Los señalamientos se intensificaron y las autoridades llegaron a asegurar que esas 17 ONG estaban operando “de forma ilegal en el país. Días después la denuncia quedó reducida al MAM y a Cinco cuando el Mingob interpuso ante la Fiscalía una denuncia en contra de estas dos organizaciones por los supuestos delitos de lavado de dinero y asociación ilícita para delinquir.

El argumento que utilizó el Mingob, a través de su Dirección de Control y Registro de Asociaciones, fue que el MAM no estaba inscrita en dicha instancia y que por lo tanto, Cinco y la agencia de cooperación internacional, Oxfam Gran Bretaña, habían cometido una ilegalidad, al prestar Cinco su personalidad jurídica al MAM para que éste firmara contratos de cooperación con Oxfam.

La investigación de la Fiscalía comenzó y paralelo a ella una fuerte campaña de desprestigio a través de los medios oficialistas. También se llevó a cabo una serie de ilegalidades, como fue el allanamiento a las oficinas de Cinco y MAM y la declaración del sigilo bancario a unas 60 personas en menos de 24 horas.

Finalmente, el 22 de enero de este año el Ministerio Público emitió una resolución de desestimación argumentando que los donantes no se mostraron como parte agraviada y que por tanto no se podía estructurar el tipo de delito.

“Desisten porque los donantes no se sintieron ofendidos, no porque no haya delitos; eso es lo que tratan de decir en la resolución”, apuntó Jiménez.

Resolución ratifica persecución

Según Juanita Jiménez, la persecución de 2008 se puede interpretar como una primera etapa que consistió en cuestionar la legitimidad de las organizaciones civiles, los movimientos sociales y los convenios de cooperación.

“Lo que podemos llamar el caso de investigación específica que está ligada a una investigación criminal, tiene su primera etapa con la resolución de la fiscalía el 28 de enero de 2009, pues cierra la investigación porque se desiste de la acción penal que implica que no te van a acusar por los delitos que te denunciaron”, señala.

Sin embargo, la dirigente del MAM advierte que en los “por tanto” de la resolución, la Fiscalía manda al Mingob y al Ministerio de Relaciones Exteriores a continuar con la persecución.

El segundo “por tanto” de la resolución dice que se deben “remitir los hallazgos de las irregularidades encontradas en la investigación al Departamento de Control de Asociaciones del Mingob, para lo de su cargo conforme las facultades de intervención administrativas que le confiere la Ley 147 (Ley General sobre Personas Jurídicas sin fines de Lucro)”.

El cuarto recomienda “al Ministerio de Gobernación (que) se ejecuten las acciones necesarias para reglamentar la Ley 147 de registro y control de las asociaciones sin fines de lucro para establecer y definir claramente los procedimientos normativos y los límites de funcionamiento de estos organismos”.

¡Qué casualidad!

El quinto recomienda “a la Secretaría de Relaciones Económicas y de Cooperación Externa del Minrex, la revisión de los Convenios Marcos suscritos con los Organismos No Gubernamentales Internacionales de Oxfam GB y Forum Syd”. Estos dos últimos organismos brindan financiamiento a ONG nacionales para promover la gobernabilidad democrática y los derechos sexuales y reproductivos, respectivamente.

“La continuidad está marcada por la propia resolución (porque) señala que el Ministerio de Gobernación debe regular a las asociaciones civiles tanto el control de sus fondos, así como la legalidad de éstas, pues dicen que toda organización debe obligatoriamente tener personería jurídica”, señala Jiménez.

La dirigente también explicó que el otro punto de la resolución ordena al Minrex revisar las modalidades de los convenios con la sociedad civil y el acceso a los tipos de recursos, ya que el gobierno asegura que la sociedad civil utiliza las donaciones para desestabilizar al gobierno.

“Demuestra la intencionalidad de continuar con una estrategia de persecución a todo lo que es el accionar de la sociedad civil y cómo condicionar el financiamiento”, enfatiza Jiménez.

El Manual

Es de esos mandatos de la Fiscalía que se desprende un manual que busca regular el trabajo de las ONG extranjeras y que ha sido señalado por la sociedad civil y la oposición de ser inconstitucional y de restringir los derechos ciudadanos.

En mayo de este año, la titular del Mingob, Ana Isabel Morales, confirmó que “lo que el manual establece y la ley establece es de forma clara, el financiamiento no es para inmiscuirse en asuntos políticos”.

¿Qué contiene?

Es la regulación de cuáles van a ser las normas, lo que está establecido para facilitar el trabajo de las ONG. Registrarse en (...) una ventanilla única, donde vamos (a ver) los requisitos del Ministerio de Hacienda, de impuestos, de Aduana, de Gobernación, de Relaciones Exteriores”, explicó Morales en esa ocasión.

“Con el manual le dicen a la cooperación internacional qué proyectos financiar y obviamente la perspectiva de ellos es estrictamente asistencialista porque en la visión del gobierno el monopolio de la política es propiedad de la pareja presidencial”, apuntó Montenegro.

Sin embargo, en junio el viceministro de Relaciones Exteriores, Valdrack Jaentschke, informó a la Mesa de Cooperantes que “de momento” el Gobierno no avanzaría con el establecimiento de “la Ventanilla Única” propuesta en el manual.

Esa decisión pudo ser producto de las amenazas de algunos organismos no gubernamentales que dijeron que recurrirán de amparo contra el Manual con que el Gobierno pretende regularlos, o bien de las presiones de la cooperación internacional que podría encontrar en los ONG una vía para canalizar la ayuda que ha suspendido al Gobierno.

Mentalidad persecutoria instalada

La dirigente del MAM y directora de Cinco, Sofía Montenegro, coincide con Jiménez. Asegura que el gobierno sólo “bajó el volumen” de la persecución porque no encontró fundamentos y el costo fue grande cuando el Grupo de Ayuda Presupuestaria congeló la ayuda al país, en parte, por la persecución a la sociedad civil.

“Lo que han hecho es buscar otras formas de acoso que tienden a tener un carácter diz que legal y normativo, como es el caso del famoso manual a las ONG internacionales, pero como hubo un rechazo, lo pusieron en el congelador”, asegura.

La estrategia orteguista

Para Montenegro, “lo que hay de por medio es una actitud amenazante permanente”.

Respecto de la agresión a miembros de la Coordinadora Civil, CC, de parte de fuerzas de choque orteguistas el pasado ocho de agosto, Montenegro dice que aunque el gobierno ha buscado cómo legalizar la persecución contra las ONG a través del manual, a la vez persiste “la política del garrote”.

“Hay un tipo de garrote seudo legal y el otro es el garrote limpio, entonces es la combinación de los dos garrotes lo que van a continuar aplicando”, expresó.

De igual forma opina Jiménez, quien advierte que “hay toda una dinámica persecutoria, el gobierno no ha renunciado ni ha desistido, sino que continúa en el ánimo de la obstaculización. Hay una mentalidad persecutoria instalada”.


“Ni un antes, ni un después”

“Ni un antes, ni un después”

La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, Vilma Núñez de Escorcia, asegura que no se puede hablar de un antes o un después de la persecución emprendida por el gobierno en contra de la sociedad civil.

“No podemos hablar en esta política sistemática de represión de un antes o un después”, sostiene.

Para Núñez de Escorcia, las agresiones como la cometida contra la CC “no son reacciones coyunturales ante determinados hechos”, sino que son parte de toda una política de represión de este gobierno.

Además, denunció que hay una mezcla de instancias gubernamentales para reprimir la línea de trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, entre las que mencionó a la Dirección General de Ingresos, DGI, y al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, INSS.

Al respecto, Montenegro señala que Cinco pasó varios meses refutando cobros de la DGI, pues aún no recibían de parte del Mingob la carta que hacía constar su cumplimiento con los pagos requeridos.

“Nos daban 24 horas para ir a pagar, se mantuvo durante seis meses y cada vez y cuando nos venía la carta y había que volver a contestar lo mismo. Finalmente el Mingob nos emitió la carta de cumplimiento y nos emitió la resolución”, manifestó.