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El diputado Eduardo Montealegre señaló ayer varias contradicciones en el documento donde aparece detallada la acusación que le hace el Ministerio Público por el caso de los Certificados Negociables de Inversión, mejor conocidos como Cenis. Una de ellas es que no menciona los famosos 17 mil millones de córdobas que, según el presidente Daniel Ortega, Montealegre robó al Estado.

El diputado de la bancada democrática explicó que el documento presentado por el fiscal Armando Juárez, donde lo acusan por participar en la emisión de los Cenis, no menciona por ninguna parte que haya robado esos 17 mil millones de córdobas como asegura públicamente cada vez que puede el presidente Ortega.

¿De qué lo acusan?

“La acusación penal por el caso de los Cenis, presentada por el fiscal Armando Juárez, en ninguna de sus 125 páginas me acusa de haber robado nada”, dijo Montealegre en alusión al documento acusatorio.

Manifestó que el argumento principal de la acusación del fiscal Juárez “se limita a afirmar, sin ningún fundamento, que yo no vendí las acciones que poseía en Bancentro (Banco de Crédito Centroamericano) y que por ser accionista en ese banco tenía conflictos de intereses al haber autorizado como parte del cuerpo colegiado el refinanciamiento de los Cenis que tenía Bancentro”, expresó.

Tráfico de influencias...

El documento acusatorio, leído por Montealegre en conferencia de prensa, no menciona, por ningún lado, robo alguno, demuestra. Los términos que se usan textualmente son: se comprobó tráfico de influencias; es fundador de Bancentro, lo cual Montealegre ratifica, y que era accionista de ese banco, lo que por otra parte niega.

El legislador de la Bancada Democrática también denunció que el diputado y dirigente sindical Gustavo Porras, en contubernio con la Contraloría General de República, CGR, está solicitando a la Dirección General de Impuesto, DGI, su declaración de probidad que él nunca autorizó y que ya hicieron.

“Ahora quieren legalizar lo ilegal”, dijo Montealegre en alusión al hecho de que ya hicieron una revisión de su declaración de probidad sin su autorización y ahora quieren legalizar esa autorización que él nunca hizo.